La directora de minas defiende la legalidad y la exquisitez en la concesión

La ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio ha defendido hoy, tras declarar como imputada por un presunto delito de prevaricación, la legalidad y la exquisitez en el proceso de concesión para reabrir la mina de Aznalcóllar (Sevilla).

Después de dos horas declarando ante la juez que investiga la concesión de la mina, Asensio ha dicho a los periodistas que en este proceso han cumplido "absolutamente" la legalidad y han sido "especialmente exquisitos".

"Por fin he podido contestar a todas las dudas que me ha planteado la juez y la fiscal", ha enfatizado la ex directora general, que fue cesada de su cargo en agosto pasado.

Asensio, que no ha contestado a las acusaciones particulares representadas por los ecologistas y la empresa denunciante, Emerita Resources, ha señalado que ante la juez han "quedado claras" las posibles dudas sobre la solvencia económica de la empresa que ganó el concurso, Minorbis Grupo México.

Preguntada si confía en volver a su cargo en la dirección general de Industria, ha contestado que "no confía en nada", aunque ha agregado que confía "absolutamente" en la instrucción del caso.

Su abogado, José María González, ha mostrado su esperanza en que se levante la imputación de Asensio "porque no ha habido ninguna irregularidad" en su actuación, y ha enmarcado este procedimiento en que "el que no ha ganado está protestando", en alusión Emerita Resources, que fue finalista del concurso y denunció la concesión a Minorbis Grupo México.

El letrado ha afirmado que este caso debería dirimirse en el ámbito contencioso administrativo y no en el penal, y ha avanzado que la mayoría de las preguntas de la fiscalía han versado sobre la solvencia económica de la empresa ganadora.

La declaración de Asensio es la primera de las siete personas que ha imputado la juez de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, que investiga la concesión de la mina tras la denuncia presentada por la empresa finalista que no logró el concurso, Emerita Resources.

La juez ha citado a la ex directora general como responsable del procedimiento seguido por la Junta en la resolución de la adjudicación de la explotación de los terrenos mineros, donde en 1998 se produjo un vertido tóxico, y como firmante del decreto por el que, el 20 de febrero pasado, se resolvió el concurso de la concesión de la mina a favor de Minorbis Grupo México.

Tras la ex directora general, declararon como imputados la letrada de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta y un interventor de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, José Marcos Acosta.

Una vez culminadas las tres declaraciones, los abogados defensores han subrayado que los imputados han resuelto todas las dudas que les han planteado la juez y la fiscal, que se "han vaciado" en sus interrogatorios, y han dicho que para ello han citado numerosas jurisprudencia, sentencias y directivas de la UE.

También han explicado que los imputados no han respondido a las acusaciones porque las preguntas suponían una "falta de respeto" hacia ellos, demuestran "ignorancia jurídica", eran ajenas al proceso que se dilucida y estaban hechas con "absoluta falta de rigor".

La próxima semana están citados como imputados tres miembros de las comisiones técnicas y de la mesa de contratación y una funcionaria del cuerpo superior de Ingenieros de Minas.

Por otra parte, Ecologistas en Acción ha pedido hoy a la juez que lleva el caso que se cite como imputados a otros tres responsables de la Junta de Andalucía como miembros de la mesa de contratación que adjudicó la reapertura de esta explotación minera.