Investigan ayudas del Gobierno en el ERE minero de Huelva

La Guardia Civil está investigando un presunto delito de prevaricación en concurso con otro de malversación con las subvenciones para las pólizas de prejubilaciones que concedió en 2003 el Ministerio de Trabajo tras la crisis de la minería en la Faja Pirítica de Huelva.

En un escrito entregado por la Guardia Civil al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que investiga las irregularidades de los ERE, se indica que las ayudas se concedieron por la Junta de Andalucía y el Ministerio para los mayores de 55 años de la zona minera, aunque centra sus pesquisas en las concedidas por el Gobierno cuando gobernaba el PP.

Los agentes de la unidad de policía judicial han detectado cómo la administración central "presuntamente utilizó, de forma voluntaria y de manera totalmente arbitraria, los listados de las edades bonificadas confeccionadas por los comités de empresa para determinar qué trabajador tenía más de 55 años", según el escrito, al que ha tenido acceso Efe.

Esa práctica se hizo pese a que la administración tenía conocimiento de que los listados "eran erróneos al alza y que la institución competente para determinar dicha edad bonificada era el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que además pertenecía al propio Ministerio de Trabajo" y no usó sus cálculos para determinar la edad de cada minero. Tras comprobar estos extremos, los agentes solicitaron el 19 de agosto pasado a la directora del INSS de Huelva si, por parte del Ministerio de Trabajo o de cualquier otro departamento que lo componen, o a través de la Subdelegación de Gobierno, se solicitaron los coeficientes reductores de los mineros en los años 2003 y 2004. Pero les remitieron a la autoridad judicial.

Después de esa contestación, la juez María Núñez ha dictado una providencia en la que solicita al INSS que entregue "en mano en el menor plazo posible" la información solicitada por la Guardia Civil.

El PSOE-A ha manifestado que el Partido Popular pretendió "focalizar" el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) en la Junta de Andalucía y, sin embargo, se ha conocido que hay abierta una investigación en relación con ayudas concedidas por el Ministerio de Trabajo durante el mandato de los populares. El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, aseguró que el Gobierno central "no tiene nada que ocultar" y expresó su "máxima colaboración con la Justicia", ya que está recopilando documentación.