El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto regulador de la estructura administrativa básica en materia de transparencia en la Junta y sus entidades instrumentales --agencias, fundaciones, consorcios--, que garantiza el derecho ciudadano de acceso a la información. La norma consolida la organización que, de hecho, trabaja durante los últimos meses en la Administración autonómica para facilitar las tareas de gestión documental, archivo, ordenación y tramitación de la documentación relativa a la actividad pública, así como de su puesta a disposición a la ciudadanía.
El Consejo de Gobierno aprobó también el nuevo decreto regulador de las ayudas a proyectos empresariales en favor del medio ambiente y el desarrollo ener- gético sostenible que concede la Junta, cuya cuantía global se calcula en unos 250 millones de euros hasta el año 2020. La norma se adapta a los recientes cambios introducidos en la regulación europea sobre la materia y sustituye a la vigente desde 2009. Entre otras novedades, para la concesión de las ayudas será suficiente con que la actividad objeto del incentivo se desarrolle en Andalucía.
