La Junta de Andalucía devolverá en febrero del 2016 a 270.000 funcionarios y empleados públicos el 25% de la paga extraordinaria suprimida en el 2012, y restituirá el 10% de la jornada y las retribuciones hasta recuperar el 100% el personal interino y temporal en enero próximo.
Estos compromisos se incluyen en el acuerdo firmado ayer por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, con los sindicatos representados en la mesa general de la función pública --UGT, CCOO y CSIF, que han celebrado el compromiso de la recuperación progresiva de los derechos laborales y sociales perdidos durante la crisis. No obstante, tras la firma, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, precisó que la recuperación de todos estos derechos a lo largo de esta legislatura estará en función de la disponibilidad presupuestaria.
Montero cifró en unos 200 millones la dotación presupuestaria para el año 2016 que supondrá devolver el 25% de la paga extraordinaria de Navidad --el Gobierno ya la abonado al personal dependiente de la Administración estatal y de sus empresas públicas--, y del 100% de la jornada y salarios para el personal interino y personal.
INTERINOS Y TEMPORALES Unos 44.000 trabajadores que forman parte del colectivo de personal funcionario interino y temporal (estatuarios, laborales e indefinidos no fijos) con una reducción del 10% de la jornada y el salario durante la crisis, a partir de enero del 2016 volverán al 100%. También se comprometió la Junta con los sindicatos a no hacer más contrataciones al 75% de jornada y sueldo en el Servicio Andaluz de Salud. El personal eventual estructural del SAS irá recuperando el 100% de la jornada y el salario a lo largo de este año, según el compromiso hecho hace varios meses por la presidenta de la Junta.
La consejera destacó que con esas medidas "alternativas a las del Gobierno", así como con la supresión del complemento autonómico de las pagas extras del 2013 y del 2104, se han logrado mantener unos 24.000 empleos en la Administración andaluza. Precisó que la recuperación de los derechos no afecta a los que están suspendidos por las limitaciones impuestas por la legislación básica del Estado como la ampliación del horario de 35 a 37,5 horas semanales y las tasas de reposición.
REACCIONES SINDICALES Los representantes sindicales celebraron este acuerdo por la recuperación del diálogo y sobre todo por el compromiso para restituir los derechos laborales y sociales que se suprimieron durante los años duros de la crisis.
En representación del área pública de CCOO-A, Agustín de la Cruz expresó su confianza en que se cumpla este acuerdo porque se ha firmado al inicio de la legislatura y aseguró que se recuperarán todas las ayudas sociales perdidas en los últimos cinco años. Antonio Tirado, secretario general de la federación de servicios públicos de UGT-A, recordó que los empleados públicos han perdido aproximadamente un 30% de poder adquisitivo.
El presidente de la CSIF-Andalucía, José Luis Heredia, afirmó que este acuerdo es de "justicia" con este colectivo de trabajadores y advirtió de que estarán vigilantes para que se cumpla lo acordado. De hecho, este mes se reunirá la mesa de la función pública en la que se constituirán los grupos de trabajo para concretar los términos del acuerdo y para analizar la ampliación de supuestos de enfermedad.
