El Tribunal Supremo ha citado para este martes, 5 de mayo, al exconsejero y exviceconsejero de Obras Públicas y exdelegado del Gobierno en Andalucía, Luis García Garrido, para que declare como testigo por el caso de los ERE. Ha sido citado por su condición de exviceconsejero y previsiblemente deberá explicar la labor de los denominados 'consejillos' de la Junta.

Según han explicado fuentes del Supremo, el magistrado instructor, Alberto Jorge Barreiro, también ha citado para ese mismo día al exviceconsejero de Igualdad y Bienestar Social José María Oliver Pozo, que también declarará como testigo. Oliver Pozo fue también secretario de la Comisión de Viceconsejeros y secretario general técnico de la Consejería de Presidencia.

Estas dos declaraciones se producen a petición de la defensa del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, Gonzalo Martínez Fresneda, y en sus interrogatorios saldrá a colación las declaraciones de éste sobre las materias y procedimientos que se abordaban en los 'consejillos'.

Cabe recordar que en su declaración ante el instructor, Zarrías manifestó que las modificaciones presupuestarias del programa 31L, conocido como 'fondo de reptiles' que llegaron a las sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros andaluces --los denominados 'consejillos'-- y se elevaron al Consejo de Gobierno "eran ajustadas a derecho" y contaban con "todos los requisitos que marca la ley.

Además, Zarrías explicó ante el instructor que los consejillos que presidía "no tenían poder decisorio" y solo elevaron al Consejo de Gobierno asuntos que estaban "plenamente aceptados por la legalidad". "En ningún momento se elevó al Consejo de Gobierno ningún tema que no tuviera todos los requisitos que la ley marca y por ello, (eran) perfectamente ajustados a derecho", incidió el que fuera consejero de la Presidencia.

RATIFICACIÓN DE LOS PERITOS

Por otro lado, el jueves 7 de mayo, se producirá la ratificación pericial ante el juez del informe de los catedráticos de Derecho Tributario Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago que elaboraron el informe a petición de la defensa del expresidente José Antonio Griñán, y en el que se considera ajustado a derechos los procedimientos seguidos para la utilización ejecución y control de los gastos financiados con cargo al programa de ayudas laborales.

Este informe, cuyas conclusiones contradicen el elaborado por la Intervención General que considera irregular el uso de las transferencias de financiación para la gestión de esos fondos públicos, obra en poder del instructor desde el pasado 26 de enero y aún no había sido sometido a la ratificación en presencia de las partes.

Por último, las mismas fuentes han explicado que el juez no ha aceptado la petición formulada por Manos Limpias para que comparezca el que fuera director del Gabinete Jurídico entre 2001 y 2008 Francisco del Río al no considerarla necesaria en esta fase del juicio.