La Junta está ultimando la incorporación de los agentes locales de promoción de empleo (ALPE) que tienen declarada la nulidad de sus despidos, y ha enviado a los juzgados un escrito en el que solicita que se requiera a los trabajadores afectados que manifiesten en qué entidad desean incorporarse. Los últimos datos ofrecidos por los representantes de este colectivo (unos 787) elevan la cifra de despedidos con sentencias firmes favorables a unos 600 agentes de empleo, si bien la Consejería de Economía ha precisado a Efe que se reincorporarán "aquellos cuya situación judicial lo permita".

No obstante, la Junta recuerda que algunas sentencias no solo afectan al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y a los consorcios Utedlt sino que también se condena solidariamente a los ayuntamientos consorciados y a la Consejería de Economía Innovación, Ciencia y Empleo. En el escrito enviado a los juzgados de lo social también se detalla las dificultades que ha atravesado todo el proceso de reincorporación de estos trabajadores, que han causado asimismo la demora en el cumplimiento de las sentencias, aseguró en un comunicado la Consejería de Economía.

Así, en el escrito se menciona la falta de disponibilidad presupuestaria para financiar los gastos de personal de los ALPE, ya que la financiación del programa de desarrollo local que desempeñaban corría a cargo de fondos estatales que tuvieron dotación suficiente hasta el año 2011, con 26,7 millones en ese ejercicio. Sin embargo, en el año 2012 fueron "drásticamente reducidos" en mayor volumen que el recorte que sufrieron las políticas activas de empleo por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, quedando la partida presupuestaria para el 2015 en cero euros, aclara la Junta.