Ninguno de los 14 ex altos cargos de la Junta de Andalucía declararon ayer ante la jueza Mercedes Alaya, que los citó como imputados en el caso de los ERE por su presunta implicación en las ayudas concedidas a empresas de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla. Todos los imputados, entre ellos los exconsejeros del Gobierno andaluz Antonio Fernández y Martín Soler, se acogieron a su derecho a no declarar, informaron a Efe fuentes judiciales.
La jueza los citó tras analizar una treintena de ayudas concedidas en la Sierra Norte por valor de algo más de once millones de euros. Las ayudas, de entre 44.000 y 1.200.000 euros, se concedieron a empresas de todo tipo a partir del año 2003 y tenían como "denominador común la ausencia de procedimiento", la mayor parte de ellas carecían de solicitud y no tenían documentación justificativa, según la instructora.
Alaya considera que la mayoría de las ayudas se concedieron gracias a la amistad entre los empresarios y el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, natural de la zona y que en ocasiones recibió regalos a cambio de facilitar las subvenciones. Ante la jueza han comparecido el exconsejero de Innovación del Gobierno andaluz Martín Soler por subvenciones por valor de 487.500 euros que concedió en convenios con la Dirección General de Trabajo, y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández por una ayuda de 108.000 euros que dio Guerrero.
