La juez Mercedes Alaya imputa a Joaquín Peña (PP), director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, y cesado por el alcalde cuando se conoció su implicación en la Operación Madeja, su intervención para que la empresa de un amigo y Fitonovo lograran siete contratos por más de un millón de euros.
En el sumario del caso, que acumula unos 10.000 folios en 21 tomos, se confirma que la juez implicó a Peña en diciembre del 2013, en la segunda fase de la operación Madeja, cuando fue destituido por el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP).
El 11 de noviembre pasado, en la tercera fase de la operación y denominada Enredadera, la juez citó a Peña en su despacho, aunque se acogió a su derecho a no declarar y el fiscal le pidió una fianza civil de 200.000 euros mientras que Alaya le imputó los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
La juez hace referencia a un concurso del 2012 por importe de 48 millones de euros de la Delegación de Parques y Jardines, en el que influyó, a través de su subordinado y jefe de servicio de Parques Francisco Amores, también imputado, para que la empresa de su amigo Carlos Alfonso Lozano obtuviera finalmente tres lotes.
Su amigo íntimo durante veinte años, que era el administrador de Albaba S.L., era además "mano derecha" del alcalde de Tomares (Sevilla), el senador por el PP José Luis Sanz, según la juez.
Peña habría intervenido para indicar cómo se deberían presentar las ofertas a los concursos públicos para ganarlos, impidió la labor de control en la ejecución de los contratos y se compró un coche cinco días después de la venta de los derechos de Albaba a otra empresa en una UTE, añade Alaya.
Al ex director general de Parques, la juez le atribuye su intervención en siete contratos municipales por valor de 1.149.542 euros, el mayor de ellos por valor de 968.549 euros para la conservación de las áreas de juegos infantiles.
