El sacerdote Román Martínez de Castro, de 60 años, eludió anoche la prisión tras abonar la fianza de 10.000 euros solicitada por el fiscal e impuesta por el titular del juzgado número 4 de Granada, Antonio Moreno. El cura abandonó los juzgados por una puerta lateral en compañía de los otros dos sacerdotes y el seglar que también habían sido denunciados por pederastas. Los cuatro quedaron en libertad imputados por varios delitos contra la libertad sexual. La causa sigue bajo secreto de sumario porque, como advirtió el fiscal Francisco Hernández, "la policía trabaja en una investigación que continúa adelante".

Los cuatro hombres se fundieron en un emotivo abrazo cuando se reencontraron en el vestíbulo de la quinta planta de los juzgados de Granada. No se habían visto desde el lunes, cuando fueron detenidos en el chalet de Puerto Genil en el que llevaban varias jornadas preparando su defensa con su abogado, Javier Muriel, y esperando la llegada de la policía. Durante estos tres últimos días permanecieron incomunicados y asistidos por abogados de oficio, incluso en su declaración ante el juez. "Están muy cansados, preocupados por sus familias y muy entristecidos por lo sucedido", explicó anoche a este diario el letrado. Muriel contó que el único argumento que han utilizado es "negar rotundamente todas y cada una de las acusaciones". ¿Pudieron los denunciantes malinterpretar algunos gestos de afecto? "Rotundamente no. Las denuncias son falsas", aseguró el letrado. ¿Y por qué deberían mentir? ¿Sospechan de una venganza? "El motivo de la denuncia se conocerá en su debido momento", añadió.

Familiares y amigos de los tres sacerdotes y el profesor de Religión les recogieron en varios vehículos estacionados en un lateral de los juzgados y abandonaron la zona. "Necesitan dormir. Mañana nos reuniremos para seguir trabajando. Esto no ha hecho más que empezar", añadió el letrado.

A pesar de la desazón que la puesta en libertad de los acusados causó en las víctimas, lo cierto es que las medidas adoptadas por el juez y solicitadas por el fiscal eran previsibles. Hacía varios días que el magistrado instaba a los investigadores a encontrar nuevas víctimas que sustentaran la primera denuncia. Y a pesar de que el lunes por la tarde se presentó una segunda denuncia por abusos sexuales por parte de un joven de 24 años que también fue monaguillo y que compartió horas de compadreo con el padre Román y el resto de imputados en la parroquia de San Juan María Vianney, los testigos localizados por la policía han declarado a favor de los acusados. Y tres que el primer denunciante señala como otras víctimas no reconocen tales abusos.

FALTA DE PRUEBAS Tanto el juez como el fiscal han tenido en cuenta que los hechos denunciados ocurrieron hace siete años, y que no se ha encontrado ninguna otra víctima que acredite que los presuntos abusos se pudieron repetir en el tiempo. Ante la ausencia de alarma social y la falta de otras pruebas que sustentaran las dos denuncias, las medidas han sido de libertad para tres de los acusados y de prisión eludible con una discreta fianza para el que está considerado el jefe del conocido como clan de los Romanones. Pero las acusaciones se mantienen.

El juez apuró todas la bazas a su alcance. Incluso echó mano de una medida nada habitual en estos casos como prolongar la incomunicación cinco días, lo que hizo que los cuatro detenidos declararan ante el magistrado con letrados de oficio.