La Junta de Andalucía aprobó ayer el anteproyecto de ley de Formación Profesional, con la que intenta evitar que las "empresas dependan de las subvenciones", para lo que creará una red de centros en la que deberán estar inscritas las entidades que quieran impartir formación y recibir subvenciones.
El consejero de Educación, Luciano Alonso, explicó tras la reunión del Consejo de Gobierno que las empresas, los sindicatos, las organizaciones empresariales y cooperativas que quieran impartir cursos de formación profesional sólo podrán hacerlo a través de centros de su titularidad y que estén autorizados.
La creación de esta red de centros es el "plato fuerte" de este anteproyecto de ley, que incluye también como novedades la concurrencia competitiva para adjudicar los cursos de formación y la prohibición de exonerar a los beneficiarios de ayudas de justificar las subvenciones para poder recibir más.
El consejero subrayó que el objetivo de la ley es mejorar la cualificación profesional de la población activa andaluza y, aunque la ha desvinculado de los casos de fraude que investiga la policía y la Justicia en las ayudas a la formación para el empleo, ha reconocido que refuerza los mecanismos de control de las acciones formativas. Explicó que los centros privados que se incorporen a la red de centros de formación profesional tendrán que tener autonomía financiera suficiente, experiencia previa formativa y contar con un plan de calidad y, sobre todo, que "en ningún momento puedan depender y desarrollar su labor exclusivamente a través de subvenciones". Además, los centros que dejen de funcionar, al menos durante un año, quedarán fuera del sistema.
La concesión de las subvenciones se realizará mediante concurrencia competitiva y sólo las acciones formativas que incluyan compromisos de contratación podrán financiarse en régimen de concesiones directas, tal como señala la normativa estatal. Asimismo, el pago de las ayudas quedará siempre condicionado a que las entidades beneficiarias acrediten estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no se podrá exceptuar del cumplimiento de sus obligaciones a las beneficiarias de subvenciones.
También se potencia el Consejo Andaluz de Formación Profesional, donde están representados la Junta, los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía, que será el encargado de planificar la oferta formativa. Se elaborará un plan plurianual de innovación, calidad y evaluación que medirá las objetivos a través de la inserción laboral del alumnado. Con el fin de establecer una estrecha relación entre la FP y el sistema productivo se elaborará un catálogo de cualificaciones profesionales para incluir las específicas de Andalucía.
