La jueza Mercedes Alaya, en la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo (TS) por la posible incidencia de la investigación de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos sobre nueve aforados, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, expone la "relación" que unía supuestamente al antiguo consejero de Presidencia Gaspar Zarrías con el "conseguidor" Juan Lanzas, un hombre al que atribuye también la financiación "sin ninguna justificación", de los "costes laborales" de firmas de la familia Ruiz Mateos. Hablamos de la investigación de la administración fraudulenta de la partida de fondos de la Junta gracias a la cual fueron libradas ayudas arbitrarias a empresas en muchos casos relacionadas con miembros del PSOE, y fueron financiados expedientes de regulación de empleo en algunos casos injustificados o innecesarios, en otros irregulares y frecuentemente incluyendo la prejubilación de personas ajenas a las plantillas.
En su exposición razonada, Alaya desgrana, entre otros puntos, que en el periodo 2000--2011, las agencias de seguros contratadas para los cálculos relacionados con las pólizas de seguro de rentas acordadas para la prejubilación de trabajadores afectados por ERE, principalmente Vitalia y Uniter, habrían obtenido respectivamente 36,2 y 29,8 millones de euros en concepto de "sobrecomisiones", pues "fijaban su comisión por encima de la media del mercado", un dinero canalizado "en favor de terceros concretos y determinados".
