La Fiscalía frena la investigación sobre la Sierra Norte de Sevilla

Las declaraciones debían comenzar el martes 29 de abril con los empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago, que según la Guardia Civil recibieron 34 millones de euros de las ayudas investigadas, el 61% del total concedido a la Sierra Norte sevillana. Anticorrupción pide que dicha suspensión se mantenga hasta que la Audiencia Provincial resuelva su recurso contra la decisión de la jueza Alaya de no dividir por piezas la causa y tampoco elevar la referida a la Sierra Norte al Tribunal Supremo, dada la presunta implicación en ella del exconsejero José Antonio Viera, diputado socialista en el Congreso.

La Fiscalía Anticorrupción insiste en su escrito en que la investigación "está ya agotada en esta sede judicial en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra alguna de las personas que gozan de fuero, por lo que a la mayor brevedad se debe proceder a elevar el conocimiento de esta pieza al órgano superior competente".

EL CASO EN EL SUPREMO Por otro lado, el abogado de los exdirectores generales de Presupuestos de la Junta Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano ha recurrido a la Audiencia de Sevilla para que la jueza Alaya eleve ya el caso de los ERE irregulares al Tribunal Supremo dada la preimputación de siete aforados. Así, el letrado José María Mohedano ha recurrido el auto en que la instructora rechazaba la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que dividiera la causa en piezas separadas, pues entiende que la magistrada no se ha pronunciado sobre la solicitud para que elevara al Supremo la investigación vinculada a los expresidentes Chaves y Griñán y cinco exconsejeros, todos ellos aforados.

GERENTE DE FAECTA La jueza Alaya ha citado a declarar como imputado hoy viernes al que fuera secretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO, José Luis Montesinos. En el auto de imputación, Mercedes Alaya señala que Montesinos "sería responsable de la inclusión en pólizas de algunos" de los miembros del sindicato, como por ejemplo "el caso de Rosario Esteban Ruiz, viuda de José Manuel Cuesta Sánchez, vinculado a Fiteqa-CCOO, quien sería beneficiaria de una póliza de rentas suscrita con Fortia Vida en el que el tomador y responsable del pago sería Vitalia".

De igual modo, la jueza ha citado como imputado hoy al gerente provincial de Faecta en Córdoba, Francisco Moyano, pues dicha empresa "sería beneficiaria de una subvención de 20 millones de pesetas sin mediar solicitud alguna, presuntamente para ejecutar un plan de viabilidad inexistente, justificando inadecuada y falsariamente la aplicación dada a la cantidad recibida", en referencia al plan de viabilidad para extrabajadores de Azahara Textil de Córdoba que posibilitara la reinserción de 39 trabajadores de esta extinta empresa al sector de la automoción.

Asimismo, también comparecerán ante la magistrada Santiago Romero Romero, que fue incluido en el ERE de Matadero de Fuente Obejuna (Córdoba) nueve años después de extinguir su relación laboral con la empresa, e Inocencio Estévez Pérez, también incluido en el ERE ocho años después de concluir su vinculación con la empresa y a pesar de tener reconocida una incapacidad permanente absoluta desde el año 2003.

FIANZAS DEL 'CASO DHUL' La jueza Alaya impuso ayer fianzas de responsabilidad civil de 1.635.255 euros por las ayudas e "intrusos" aparecidos en el expediente de la empresa Dhul, al que la Junta aporto 10,5 millones de euros y pagó otros 589.088 euros en intereses por incumplimiento de plazos. La juez Alaya impone una fianza civil de 706.277 euros a Rafael Carvia, exdirector general de Dhul, y la misma cantidad a Carlos Santandreu, exapoderado, así como 124.471 euros a Miguel Espínola, que fue contratado por la empresa alimentaria tres meses antes de solicitar el ERE. Sin embargo, no acuerda ninguna medida contra Joaquín Yvancos, exabogado de la familia Ruiz Mateos, propietaria de Dhul.