El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto-ley de medidas de reducción de trabas administrativas para las empresas, que permitirá disminuir en un 33% los requisitos exigibles en Andalucía para su creación, y que pretende impulsar con ello la actividad económica y la creación de empleo.

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, resaltó tras el Consejo de Gobierno que esta iniciativa, que se tramitará como proyecto de ley, no tiene "parangón" en ninguna otra Administración española, y dijo que es un "primer paso" y que se impulsará que el resto de las administraciones "sigan esta vía".

La nueva normativa simplificará 64 trámites derivados de la legislación autonómica y que afectan al inicio o al desarrollo de la actividad económica, al tiempo que agilizará el trámite de calificación ambiental en 36 actividades. De los 64 procedimientos recogidos, 23 son autorizaciones administrativas que se sustituirán por el trámite de "declaración responsable", que implica la firma de un documento acreditativo del cumplimiento de las condiciones para el desarrollo de la actividad.

COMUNICACION PREVIA Otros 22 procedimientos pasarán a requerir tan sólo una comunicación previa, limitada a la notificación, y los 19 restantes se eliminarán totalmente. Entre las que se simplifican o eliminan, las más numerosas corresponden a actividades económicas relacionadas con la salud y los servicios sociales, el medio ambiente, el juego y los espectáculos.

Así, se incluyen las relativas a la construcción o creación de centros de servicios sociales; el establecimiento de horarios especiales en hostelería de hospitales, aeropuertos y estaciones de servicio, o el uso y aprovechamiento de terrenos forestales.

Los 64 procedimientos simplificados forman parte del catálogo de los 220 derivados de la normativa autonómica que el Gobierno andaluz ha analizado exhaustivamente desde principios de este año para estudiar sus posibilidades de agilización.

De ellos, se identificaron 26 afectados también por la legislación estatal, sobre los que no se puede actuar, mientras que de los 194 restantes, 130 se mantienen por razones de interés general, orden público, seguridad y salud pública, medio ambiente o protección del patrimonio.

Para la agilización de los trámites finalmente seleccionados, se dispone la modificación de ocho leyes, 19 decretos y seis órdenes.

Otra medida novedosa que recoge el Decreto Ley es la creación de la iniciativa mprende+, un servicio de apoyo al emprendedor que se pondrá en marcha en el plazo de un mes para facilitar la creación de nuevas empresas de forma rápida y gratuita.

De acuerdo con esta iniciativa, la Junta se compromete a reducir los tiempos y trámites para la constitución de un negocio y a correr con los gastos notariales y de registro que ello conlleve. De este modo, se disminuirá de un mes a cinco días el trámite de constitución de una cooperativa; se impulsará la creación de sociedad limitada en un máximo de 48 horas, y en el caso de la autorización para las sociedades laborales se otorgará en tres días (frente a la media actual de tres meses). Además se ofrecerá asesoramiento para que los interesados se den de alta como autó- nomos en un solo día.

El decreto refuerza, además, las funciones de regulación econó-mica de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, que pasará a ejercer como punto de contacto ante posibles reclamaciones de los operadores.