Alaya imputa a 15 personas más por el desvío de ayudas

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza Alaya imputa a 15 personas, entre ellas al que fuera secretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO, José Luis Montesinos; al actual secretario general de la Federación Provincial de Jaén de MCA-UGT, Manuel Morales Larrubia, y al exconcejal del PP en La Carolina Ramón Polo, estos dos últimos incluidos además como intrusos.

En relación a José Luis Montesinos, al que cita a declarar este viernes junto a otros tres imputados, Alaya señala que "sería responsable de la inclusión en pólizas de algunos de sus miembros, como por ejemplo el caso de Rosario Esteban Ruiz, viuda de José Manuel Cuesta Sánchez, vinculado a Fiteqa-CCOO, quien sería beneficiaria de una póliza de rentas suscrita con Fortia Vida en el que el tomador y responsable del pago sería Vitalia".

ESTUDIOS DE GESTIFESA En el auto, la jueza Alaya también alude a la entidad Gestifesa, cuyo objeto social sería la gestión de subvenciones y que habría realizado los estudios de viabilidad relativos a las empresas Refractarios y Derivados, Azahara Textil, e Hitemasa. La magistrada imputa a José Angel Martín Moreno, administrador único de Gestifesa, empresa "que recibiría, procedentes de los fondos públicos andaluces y por influencia de Guerrero, cantidades por prestación de servicios consistentes en planes de viabilidad de las empresas Refractarios y Derivados, Azahara Textil --que no consta-- e Hitemasa, cuando los mismos debían haber sido satisfechos por las empresas indicadas, a menos que por la administración se hubiera suscrito el oportuno contrato de servicio". La jueza acuerda la detención y presentación en el juzgado para tomarle declaración como imputado del dueño de Gestifesa, José Angel Martín Moreno.

Igualmente imputa al gerente provincial de Faecta en Córdoba, Francisco Moyano, pues dicha empresa "sería beneficiaria de una subvención de 20 millones de pesetas sin mediar solicitud alguna, presuntamente para ejecutar un plan de viabilidad inexistente, justificando inadecuada y falsariamente la aplicación dada a la cantidad recibida", en referencia al plan de viabilidad para extrabajadores de Azahara Textil de Córdoba que posibilitara la reinserción de 39 trabajadores de esta extinta empresa al sector de la automoción.

La jueza señala que, según las diligencias practicadas por la Guardia Civil, la materia "finalmente impartida a estos extrabajadores sería la prevención de riesgos laborales y la gestión de empresas cooperativas, no la automoción como recogía el convenio", a lo que se suma que Faecta facturó por alquiler de local para dar los cursos, "cuando en realidad los mismos fueron impartidos en dependencias del Ayuntamiento de Córdoba cedidas gratuitamente a tales fines".

Además, y "a pesar de que la duración de los cursos fue de tres meses, el alquiler y las nóminas se correspondieron con seis mensualidades". Además de imputar a Francisco Moyano, la jueza Alaya reclama a la Guardia Civil que requiera a Faecta su organigrama a nivel regional en la fecha en que se produjeron los hechos investigados.

INTRUSOS EN PRIMAYOR De otro lado, la juez imputa a varios intrusos incluidos a instancias de la mediadora Vitalia, como Miguel Angel Muñoz y Alfredo Pérez, ambos naturales de la provincia de Jaén y que fueron incluidos en el ERE de Primayor "a pesar de que no habían trabajado en dicha empresa"; y a Manuel Morales Larrubia y Ramón Polo, ambos vecinos de La Carolina y que fueron incluidos en las pólizas derivadas de las ayudas concedidas a las empresas Gres Vilches y Cerámicas Syre "para las cuales no habían trabajado".

"Todos los anteriores son vecinos de Jaén, por lo que no sería desacertado apuntar indiciariamente" que el conseguidor de los ERE Juan Lanzas "habría tenido algún tipo de participación en la inclusión de estos intrusos", asevera la juez.