La norma con la que IU aspira a garantizar un mínimo de luz y agua por ley para las familias más desfavorecidas va a beneficiar, según los primeros cálculos, a unas 47.000 personas, que son las que perciben en estos momentos el salario social. Valderas le ha pedido a los técnicos y expertos que trabajan en el borrador que busquen la fórmula jurídica de llegar a más familias, pero con una condición clara: "la norma tiene que ser jurídicamente irreprochable, irrecurrible por parte del Gobierno central".

La ley del suministro vital no está incluida en el pacto de Gobierno entre PSOE e IU. Los socialistas lo recuerdan cada vez que sale el tema, porque recelan de la medida, y porque no hay presupuesto para afrontar un gasto que, según dicen, "los socios han calculado a la baja" (20 millones, según las primeras estimaciones). El mes pasado, el Parlamento creó el grupo de trabajo para diseñar la futura ley de Inclusión Social y Renta Básica. La medida del mínimo vital estaría en dicha ley.

Un equipo de profesores de la Hispalense y la Pablo Olavide trabaja en el borrador, comparando legislaciones internacionales y buscando la fórmula idónea para el contexto andaluz. Una de las ideas que se barajan es crear un fondo de solidaridad, entre administraciones y empresas suministradoras, para costear el agua y la luz. Algunos ayuntamientos, como el de Medina Sidonia, han aprovechado que en su día rescataron el servicio del agua de la concesionaria que lo gestionaba para garantizar un mínimo a todos los vecinos.

Es un avance de lo que trata de regular el departamento de Valderas, pero no todos los ayuntamientos han respondido a su solicitud. Desde el 2007, en Andalucía ha habido más de 86.000 desahucios energéticos. Entre el 2011 y finales del 2012, se han ejecutado 510.864 cortes de luz. Los cortes por impagos se ejecutan, de media, a partir del segundo mes sin pagar. En Jerez, la multinacional Aqualia ha iniciado una campaña de corte de suministro por impago de facturas a 200 vecinos.