El proyecto de IU para garantizar un mínimo de luz y agua a las familias andaluzas más desfavorecidas tiene dos vertientes: a corto plazo, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, esperaba que se aplicase una moratoria o tregua invernal para evitar cortes en el suministro este invierno. A largo plazo, su departamento ultima el decreto que establecerá por ley las condiciones para que ningún andaluz quede privado de un servicio básico. El primer objetivo, "un ensayo-error" del segundo, parece haber naufragado.

La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales ha intentado varias fórmulas, pero ninguna ha cuajado: a través de la dirección general de Consumo y tratando de firmar convenios con las eléctricas se ha intentado regular el fraccionamiento de los pagos de los meses más fríos, y un aplazamiento del cobro hasta abril.

También se tanteó incluirlo como un anexo al decreto ley contra la exclusión social, que coordina la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, pero finalmente se descartó esta opción. "Ninguna de las posibilidades barajadas han prosperado hasta ahora", explican desde la consejería.

FINANCIACION El departamento de Valderas no aclara abiertamente si ha renunciado a regular la moratoria pero, a las puertas de febrero, todavía no hay un proyecto para implantar una tregua invernal que terminaría a final del mes que viene. Otras fuentes del Ejecutivo andaluz admiten que el problema de fondo es que "no hay presupuesto para negociar nada" y los ayuntamientos, que serían los que coordinasen la iniciativa a través de los servicios sociales, "están asfixiados y no cuentan con personal suficiente".

Valderas se reunió con las principales compañías suministradoras el mes pasado (Endesa, Iberdrola y Gas Natural), y les solicitó que cooperaran en la puesta en marcha de una moratoria desde diciembre a finales de febrero. Pero las eléctricas se negaron al "gratis total" y le reclamaron al vicepresidente que regulara una fórmula para que las familias más desfavorecidas pudieran aplazar el pago de las facturas de los meses más fríos hasta abril -un modelo similar al que aprobó la Generalitat catalana en diciembre- con dos condiciones: que la Junta proporcionara un listado con las familias necesitadas que tendrían derecho a esta tregua, y que el Gobierno andaluz sirviera de avalista en caso de que dichas familias no puedan hacer frente a los pagos acumulados a partir de abril (entonces tendrían que asumir parte de las facturas atrasadas y las nuevas).

Los hogares con menos ingresos tienen acceso al llamado bono social, una tarifa reducida en el recibo de la luz de la que supuestamente se benefician tres millones de consumidores en España, casi un 20% en Andalucía. "Hemos mostrado predisposición a colaborar, lo estamos haciendo en Cataluña. Pero le pedimos al vicepresidente una normativa a la que atenernos, los requisitos de las familias para acceder a esta tregua, un listado con los beneficiarios potenciales -una información necesaria de la que carecemos- y un aval que nos dé seguridad jurídica. Tregua invernal, sí. Pero no cobrar la luz, no. No somos una ONG, somos una empresa que nos debemos a nuestros accionistas y el objetivo es ganar dinero", advierten desde Endesa, la mayor eléctrica de Andalucía, con cinco millones de clientes.

CRITICAS IU impulsa en solitario el proyecto de ley para garantizar el suministro vital a familias pobres. El PSOE, socio de Gobierno, no deja de cuestionar la propuesta. Esta semana el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, denostó la idea tildándola de "beneficencia, propia de otra época", una frase que indignó a los comunistas porque les vinculaba directamente con el franquismo. Luego se disculpó.

Aún así la presidenta de la Junta, Susana Díaz, tampoco ve viable la medida, y trata de convencer a IU para que deje el proyecto en manos del Gobierno central. En otras comunidades, sin embargo, los socialistas están defendiendo propuestas similares a la de Izquierda Unida.