La consejera andaluza de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha calificado hoy de "muy grave" que se hayan podido desviar fondos públicos y, mucho más, si estos iban destinados a colectivos como el de las mujeres que sufren algún tipo de violencia.

Sánchez Rubio se ha referido de esta forma, a preguntas de los periodistas en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, a la información publicada por el diario El Mundo, según la cual, UGT le cargó a la Junta de Andalucía una factura de 700 maletines de piel falsificados en Asia, con cargo a un programa de defensa legal para mujeres discriminadas.

"Lo hemos conocido por los medios de comunicación, lo revisaremos", ha asegurado la consejera, que ha sostenido que hay un "estricto control" de las subvenciones a todas las entidades y, cuando alguna vez se ha detectado una desviación, se hace un apercibimiento para que "lo devuelvan inmediatamente".

Ha asegurado que la Junta está revisando no sólo las facturas de UGT, sino todas las justificaciones de subvenciones aunque "formalmente" se presenten "perfectamente justificadas", y ha recalcado que este caso concreto lo analizarán "con más detalle".

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha señalado por su parte, al ser preguntado si la Junta va a denunciar estos hechos, que se trata de una decisión que corresponde al gabinete jurídico de la Junta "y, cuando estime que existen elementos suficientes para ello, que no quepa duda de que lo hará", ha asegurado.

Ha insistido en que el Gobierno andaluz es "proactivo" en la defensa del dinero público y, por ello, está revisando los expedientes de subvenciones, pero ha puntualizado que hay que esperar a que finalice el procedimiento de oficio abierto, que tiene un plazo de tres meses.

"Los procedimientos hay que ejecutarlos con garantía y en el marco de la ley, no nos podemos saltar los procedimientos", ha remarcado el portavoz, que ha opinado que lo importante es que se devuelva el dinero si ha habido algún tipo de anomalía, y que "la fórmula es lo de menos".

Sobre las diligencias que el juez del caso Invercaria ha abierto contra ocho empresas o agencias públicas andaluzas que usaron las llamadas transferencias de financiación para eludir, presuntamente, los controles de la Intervención, el portavoz del Gobierno ha dicho que la Junta colaborará "al máximo" en esta instrucción.

No obstante, ha subrayado que las transferencias de financiación son un mecanismo "perfectamente legal" y ha puesto como ejemplo el hecho de que la Unión Europea lo utilice para el reparto de sus fondos.

"Usar ese mecanismo no presupone nada, entiendo que el juez quiere comprobar si se ha producido algún uso irregular, pero no porque haya habido transferencias de financiación, que son unas herramientas útiles para las administraciones", ha señalado Vázquez, que ha recalcado que el dinero público de los andaluces se ha gestionado "con eficacia".

Respecto a la petición de imputación del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo por parte del PP, el portavoz ha dicho que este partido, al margen de la corrupción, tiene "discurso cero".

A su juicio, el PP intenta "tapar la ausencia de liderazgo" con declaraciones "rimbombantes", pero "más allá de perseguir a las personas, debería perseguir la corrupción, incluida la de su partido".