El Partido Popular tiene un filón en el nuevo auto de la jueza Alaya. Ni 24 horas después de conocer el auto de la magistrada ha solicitado la comparecencia con carácter urgente de la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Alaya extendió el pasado viernes todas sus pesquisas del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares a todas las consejerías del Gobierno regional desde 2001 a 2011. Concretamente, la jueza ha pedido datos de todas las ayudas concedidas entre estos años a un grupo de 35 empresas desde todas las consejerías del Ejecutivo regional.
José Luis Sanz, secretario general del PP andaluz, fue el responsable de alzar la voz contra la presidenta argumentando que todos los andaluces "independientemente de cómo avance la investigación" tienen derecho "a saber toda la verdad sobre los ERE". Según explicó, el nuevo auto de Alaya viene a "corroborar todas las sospechas que desde hace tiempo viene manifestando el PP", dado que ahora queda demostrado que "el epicentro de la corrupción no estaba solo en la Consejería de Empleo o Economía, sino que estaba en los consejos de gobierno de la Junta".
En este sentido, el secretario general de los populares andaluces cargó sin dudar contra Susana Díaz preguntándose "dónde está esa presidenta implacable con la corrupción que decía que iba a combatir con todas sus fuerzas este problema y no iba a tolerar la complicidad con la corrupción ni sería tibia" ahora que "están más cerca de conocer que el epicentro ha estado siempre en los consejos de gobierno". Sanz insistió en que "en poco más de 60 días, Díaz se ha olvidado de sus promesas de transparencia para luchar contra la corrupción y ha chocado con la realidad del PSOE", puesto que "los socialistas sabían perfectamente que el epicentro de la trama de los ERE es un sistema puesto en marcha por la maquinaria electoral del PSOE".
Desde las filas del PSOE, por su parte, insistieron en el discurso de "tolerancia cero" contra la corrupción. Así, el coordinador de la Interparlamentaria de los socialistas andaluces, Miguel Angel Heredia, afirmó ayer que "no hay un partido más interesado" en que se aclare el caso de los ERE. Y añadió: "No hay una administración que colabore más para que se resuelva cuanto antes que la Junta de Andalucía".
Heredia también mantuvo el discurso de su partido explicando de nuevo que desde las filas socialistas se respeta a la Justicia y se ofrece "colaboración" desde el Ejecutivo andaluz.
PAPELES DE 35 SOCIEDADES En su auto del viernes, la jueza Mercedes Alaya requirió a la Junta para que "a la mayor brevedad posible" recabe y entregue a la Guardia Civil toda la documentación relacionada con las distintas "ayudas, incentivos, avales y préstamos" concedidos "por cualquiera" de las consejerías a más de 35 sociedades, todo ello al entender que podrían haberse empleado "otras vías de financiación irregular a empresas coincidentes con las otras vías".
También requiere a la Junta para que entregue a la Guardia Civil la documentación sobre los distintos expedientes de ayuda concedidas "por cualquiera" de las consejerías a una serie de empresas. Entre las sociedades mencionadas por la juez, se encuentran Promi, Gitanos de Jerez, Pickman La Cartuja, Fundiciones Caetano, Fabricación y Reparación de Buses, Río Tinto Fruit, Acyco Sal, Corchos y Tapones de Andalucía, Saldauto Sevilla y Insersola, entre otras. Por último, la magistrada reclama también la documentación de las distintas ayudas, incentivos, avales y préstamos concedidos "por cualquiera" de las consejerías a Proasego Eólicas S.L., Eólicas del Zenete S.L. y Dolmen Consulting Inmobiliario.
