La Audiencia Nacional ha condenado a 6 años de cárcel al exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca y al exalcalde Julián Muñoz como autores de un delito continuado de malversación de caudales públicos por el caso Saqueo 2, que se inició a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal del Grupo Independiente Liberal entre 1991 y 1999.
En una sentencia notificada ayer, la sección tercera de la Sala de lo Penal condena a 13 acusados, incluidos Roca y Muñoz, y absuelve a otros 15 procesados, entre los que se encuentran la exalcaldesa Marisol Yagüe y el exfutbolista y exconcejal Tomás Reñones.
El tribunal aplica la atenuante de dilaciones indebidas a Juan Antonio Roca, cerebro de la trama Malaya de corrupción urbanística en Marbella, y Julián Muñoz, exalcalde del GIL, y además les absuelve de los delitos de asociación ilícita y contra la Seguridad Social que se les imputaban. Las penas son sensiblemente inferiores a las solicitadas por el fiscal Anticorrupción José Grinda, que solicitó en su informe definitivo de acusación una pena de 15 años y medio de cárcel para Muñoz y de 13 y medio para Roca. Además, los condenados deberán abonar indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil de manera solidaria que en algunos casos, como el de Julián Muñoz, superan los 40 millones de euros.
El tribunal también condena a 6 años de cárcel al ex primer teniente de alcalde de Marbella Pedro Román por los delitos de malversación continuada y cohecho y al exmiembro del consejo de administración de la sociedad municipal Jardines 2000 Modesto Perodia, al que únicamente adjudica el primer delito. También por un delito continuado de malversación impone 5 años de prisión a los exconcejales de Marbella Luisa Alcalá y Rafael González Carrasco, 4 y medio para la también exedil Dolores Zurdo y cuatro para el contable de varias empresas municipales Antonio Calleja y el empleado del Ayuntamiento de Marbella y director del Centro de Orientación Psicosocial y Familiar, José Antonio Andrade. Además, el tribunal condena a 3 años de cárcel al arquitecto Carlos Monteverde y a dos más al vocal de la sociedad Tributos 2000 Francisco José Alarcón y los exconcejales Juan Manuel Blanco y Antonio Romero.
La sentencia describe las operaciones que llevaron a cabo los condenados para desviar fondos públicos del Ayuntamiento de Marbella. La Corporación asumió deudas ficticias que no respondían a operación alguna, acordó relaciones contractuales inexistentes y dispuso de fondos sin haber justificado su destino público. Los magistrados Alfonso Guevara (presidente), Angeles Barreiro y Clara Bayarri, consideran probado que entre 1991 y 1999 los ediles del GIL asumieron la iniciativa del entonces alcalde, Jesús Gil, de "gestionar los servicios municipales a través de sociedades mercantiles participadas con capital íntegramente municipal".
