La ley de presupuestos que llegará al Parlamento andaluz la próxima semana incluirá un informe de la Intervención General de la Junta sobre las subvenciones otorgadas bajo el procedimiento de transferencias de financiación. Así lo anunció ayer en la Cámara la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en su careo con el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido. El informe es fruto del llamado caso de los ERE, que investiga una presunta trama tejida con fondos públicos de Empleo. En este caso, la jueza instructora, Mercedes Alaya, considera ilegal el procedimiento utilizado por la Junta para otorgar estas subvenciones. El Gobierno andaluz desvió las ayudas a una de sus empresas públicas --primero IFA, después Agencia IDEA--, a las que adjudicaba los fondos mediante el polémico procedimiento de transferencias de financiación, lo que permitía eludir los controles y la fiscalización a posteriori de estas cantidades. El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, menospreció una medida que dijo que Díaz se había "sacado de la chistera" y contraatacó reclamando información sobre una ayuda de 1,9 millones de euros otorgada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) al sindicato UGT-A. Esta subvención fue reclamada por la Cámara de Cuentas durante una investigación al SAE, a lo que la Junta, según Zoido, contestó que se había "perdido o traspapelado".