Los mensajes de alarma de la Junta de Andalucía por el presumible tijeretazo extra en el Presupuesto se mezclaron ayer con los desmentidos del Gobierno central, tras el anuncio de que el ajuste del déficit del 1% y del 0,7% en 2014 y 2015 costará 8.000 millones de euros a las autonomías, según los cálculos que ha enviado el Ejecutivo de la nación a Bruselas.

El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, afirmó en Huelva que lamenta que el Gobierno de Rajoy "haya decidido enterrar" el Estado del bienestar. Argumentó que el Ejecutivo "ha dado otra vuelta de tuerca a los derechos de los españoles", lo que debe llevar a los ciudadanos a "decir basta" y apartar del poder a un Gobierno "dañino y desalmado que ha decidido arruinar a España desde el punto de vista económico, social y de los derechos".

Con la misma contundencia lo secundaron las consejerías de Presidencia; de Igualdad, Salud y Servicios Sociales; y de Hacienda, que insistieron en que las autonomías "soportan los servicios básicos como la sanidad, los servicios sociales o la educación, de manera que incidir de nuevo en los recortes en este ámbito" las llevará "al límite".

Así se expresó en un comunicado Hacienda, cuya titular, María Jesús Montero, ya alertó de que en las cuentas de la Junta no hay de dónde recortar para ajustar los 1.200 millones que se exige que rebaje sus cifras Andalucía, lo que ya está provocando quebraderos de cabeza en la negociación entre los socios de Gobierno, PSOE e IU. Hacienda criticó este "nuevo hachazo" y alertó del perjuicio para las comunidades cuando se retiren competencias impropias a los ayuntamientos "sin que se compense de ninguna manera" a los gobiernos regionales que las asumirán.

La consejería recordó en que el nuevo recorte se suma "al esfuerzo" hecho para ajustarse "a un plan económico financiero, al compromiso de la reducción del gasto público y a un objetivo de déficit que ha sido injusto". La Junta recuerda que el ajuste de las comunidades será de 1.927 millones de euros en 2014 y de 2.192 en 2015, y considera que este plan presupuestario "abunda en la desigualdad entre territorios y castiga, una vez más, a quienes han hecho un mayor ejercicio de eficiencia en el gasto" y no pueden ahorrar más.

Totalmente opuesta fue la postura del ministro de Economía, la delegada del Gobierno y el PP, que aseguraron que el tijeretazo de 8.000 millones ya estaba pactado, llegando a acusar a los socialistas de mentir. El ministro Luis de Guindos enmarcó los ajustes superiores a 17.000 millones de euros que deberán hacer comunidades y ayuntamientos en la senda de reducción del déficit ya prevista en el último programa de estabilidad remitido a Bruselas, y aseguró que estas cifras ya habían sido comunicadas. "No hay ninguna modificación", dijo, "son las mismas cifras, exactamente la senda de reducción del déficit público que se había acordado". Sólo admitió la revisión al alza de la previsión de crecimiento de 2015 y 2016 al elevarse el PIB de 2014.

GASTO ADICIONAL La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, también abundó en que la cifras son las pactadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y recordó que, mientras en 2014 el objetivo del déficit será del 1% para todas las autonomías, en 2013 "se ha permitido a Andalucía un déficit a la carta del 1,58%" que permitirá a la Junta "gastar 450 millones de euros adicionales". Así, animó a la Junta a "continuar en la senda de saneamiento económico que nos ha permitido dejar atrás la recesión y empezar a crecer de nuevo".

Más rotundo fue el secretario general del PP-A, José Luis Sanz, que acusó al PSOE-A de "agarrarse a un clavo ardiendo" para "intentar justificar los recortes" que tiene previsto el "bipartito andaluz" en los Presupuestos de la Junta para 2014, y no dudó en acusar a los socialistas de "utilizar mentiras y alarmas innecesarias".