La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, se comprometió ayer a que antes de que finalice el año la resolución de la tramitación de los expedientes del Ingreso Mínimo de Solidaridad, el llamado salario social, no supere los tres meses, plazo que marca la normativa reguladora. La consejera recordó que el salario social, del que ha dicho se benefician en 2013 un total de 64.569 personas, "se ha reforzado" presupuestariamente con 44 millones tras la aprobación en mayo del decreto de medidas urgentes contra la exclusión social en Andalucía, que se suman a los 70 millones que la Junta presupuestó para este año.
