El Parlamento andaluz reactivó ayer las medidas de la Junta contra los desahucios, paralizadas desde antes del verano por el Tribunal Constitucional (TC) a partir de un recurso interpuesto por el Gobierno central. Esta vez la norma tiene rango de ley. Se recuperan las sanciones a las entidades bancarias que posean casas vacías y la expropiación temporal de viviendas a aquellos bancos que estén a punto de desalojar a familias en riesgo de exclusión. Además se extiende el derecho de solicitar la expropiación a los autónomos que hayan avalado su negocio con su propia casa, y que estén en riesgo de perder su hogar a causa de la crisis. También beneficiará a las personas que hubieran avalado la hipoteca de un familiar con su propio piso y a los que firmasen hipotecas puente.
Todas estas medidas se pondrían en marcha la semana que viene, una vez publicada la ley en el BOJA, pero eso difícilmente ocurrirá. La norma salió adelante ayer con los votos a favor de PSOE e IU (57 síes) y el rechazo del PP (noes). Los populares ya habían anunciado que la ley nacería muerta, puesto que el Gobierno de Mariano Rajoy volverá a recurrirla en los tribunales. Esta vez el recurso del Ejecutivo central no tendrá que pasar el trámite del Consejo de Ministros, y bastará un anexo al recurso ya interpuesto contra el decreto ley para que las medidas que vieron ayer la luz vuelvan a quedar suspendidas de inmediato.
La llamada ley antidesahucios es una de las más potentes que ha aprobado el Gobierno andaluz en lo que va de legislatura. Ha desatado un enorme debate social, ha confrontado las políticas de vivienda del Ejecutivo central con las de Andalucía y ha involucrado incluso a la Comisión Europea, que alertó de que la norma podría hacer tropezar el plan de rescate a la banca española. Antes de su paralización, el decreto-ley de función social de la vivienda había iniciado 18 expedientes de expropiación de viviendas a bancos, y tenía en espera unas 520 solicitudes de posibles beneficiarios.
El rechazo del PP-A a la norma ha ido in crescendo . En su día, los populares se abstuvieron en la votación del decreto-ley en el Parlamento, pero ayer pasaron de la abstención al voto en contra, alegando que la Junta no ha aceptado ni una sola de las 81 enmiendas a la ley que han presentado. Desde la Consejería de Vivienda, que dirige la diputada cordobesa Elena Cortés, advierten de que las propuestas del PP eran "una enmienda a la totalidad, que venían a cambiar el sentido de la ley por completo".
Pese a haber sido anunciado el recurso del Gobierno, la Junta tiene previsto destinar una partida al desarrollo de la ley antidesahucios en los próximos presupuestos autonómicos (en el 2013 se reservaron 38 millones que no han sido gastados en su totalidad). Cortés (IU) se quejó ayer de que el Ministerio de Fomento les haya convocado a la comisión bilateral dos días antes de que se apruebe la norma, y cuando el plazo de enmiendas ya estaba cerrado (la reunión fue el lunes).
La comisión es un foro de diálogo en el que Estado y comunidad autónoma abordan sus diferencias respecto a las medidas contra los desahucios. La consejera reclama a la ministra que las diferencias se diriman en esta mesa de negociación, y que mantenga el diálogo abierto antes de devolver la ley a los tribunales. Pero ayer el Ministerio respondió por carta que el texto de la normativa no varía mucho de los puntos del decreto que inspiraron el recurso ante el Constitucional.
La diputada popular Alicia Martínez acusó ayer a la Junta de haber hecho una ley más pensada para el "ruido mediático" que para abordar de forma efectiva el problema de los desahucios. "Si la Junta hubiera puesto en marcha la ley estatal, no habría hecho falta este decreto. Ustedes hacen leyes con títulos que todos compartimos, pero no el fondo", apuntó.
