La Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) cuenta con 43.588 viviendas públicas en régimen de arrendamiento que alquila a familias con muy pocos recursos por una renta mensual bajísima. Desde 2008, EPSA viene pagando a los ayuntamientos el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de esas VPO públicas y ha gastado en ello más de 20 millones de euros. Pero el presupuesto de EPSA, como el de toda la Consejería de Fomento y Vivienda, pasa por una gran estrechez económica y no puede seguir haciendo frente al pago del IBI. Por eso ha mandado cartas a 330 ayuntamientos andaluces, a los que les pide que renuncien a cobrar esa tasa --que es municipal-- en el parque público de vivienda, y a las más de 43.000 familias que viven en estos pisos, para que se hagan cargo del abono del IBI.

Esta situación viene de lejos. Durante muchos años los consistorios no reclamaban el cobro del IBI de las viviendas de titularidad de EPSA. En época de bonanza no necesitaban ese dinero, pero cuando empieza a caer la recaudación municipal --basada principalmente en las licencias urbanísticas-- comienzan a requerírselo a la Empresa Pública de Suelo. Se da la paradoja de que lo que EPSA paga a los ayuntamientos en concepto de IBI es mucho más dinero del que recibe por el alquiler de las viviendas. Por ejemplo, los inquilinos de la promoción de la Barriada de Las Huertas de Sevilla abonan mensualidades de 8,36 y 10,32 euros, mientras que el IBI ronda los 22 euros al mes, el doble.

RECHAZO DE CÓRDOBA / Desde 2010, EPSA viene reclamando con poco éxito a inquilinos y consistorios que asuman ese impuesto. La mayoría de los ayuntamientos ni siquiera han contestado y solo unos pocos han respondido que no están dispuestos a dejar de cobrar la tasa, como es el caso de Córdoba y Almería. En el caso de los inquilinos, EPSA jamás cobra el impuesto si no lo ha pagado previamente al ayuntamiento. Desde 2008, la empresa pública ha gastado 20,8 millones de euros.

La reclamación del IBI a los inquilinos es un tema peliagudo porque desde que Elena Cortés (IU) llegó a la consejería en 2012 las familias que viven en el parque público, es decir, las más necesitadas, han sido su prioridad. La consejera ordenó en verano del año pasado paralizar los desahucios en los pisos de EPSA y ha incrementado en 2013 un 400% el presupuesto destinado al mantenimiento de esas promociones (8,6 millones de euros). Con la pequeña renta que percibe de los inquilinos de las VPO públicas no puede ni siquiera mantener decentemente los bloques. Ahora Fomento acaba de mandar una carta a las 43.000 arrendatarios avisándoles de que les cobrará el IBI de 2011. Después de reunirse con distintas asociaciones de vecinos, EPSA pidió al Consejo Consultivo que emitiera un dictamen al respecto. Este órgano concluyó que la Junta "puede y debe" cobrar a los inquilinos el impuesto municipal y que éstos están "obligados" a sufragar la tasa.

CARGO A LOS MUNICIPIOS / Pero el verdadero objetivo de la consejería no son los inquilinos sin recursos, sino los ayuntamientos. EPSA también ha mandado una misiva a los 330 consistorios que han dejado de hacerse cargo del IBI del parque público instándoles a que bonifiquen el impuesto. La situación ha cambiado y EPSA se ve ahora con más fuerza para pedir a los municipios que se hagan cargo de la tasa. Se apoya en la ley 16/2012 de medidas tributarias del Gobierno central que, entre otras cosas, cambia la Ley de Haciendas Locales y permite a los ayuntamientos bonificar el 95% del impuesto en aquellos inmuebles de especial interés por circunstancias sociales, culturales o históricas. La consejería de IU entiende que las VPO públicas entran en este grupo y pide a los ayuntamientos que hagan con ellas lo mismo que muchos hacen, por ejemplo, con los bienes de la iglesia, que quedan exentos de abonar el IBI.