Una de las señas de identidad de Izquierda Unida ha sido la eliminación de privilegios "injustificados" en la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). En julio la consejera Cortés redujo a la mitad, de diez a cinco, el número de altos directivos y de ocho direcciones de área se pasó a tres. En agosto se dio un segundo paso al suprimir las cesantías e indemnizaciones del cuerpo directivo. En octubre el departamento de Elena Cortés destituyó a 30 directivos de EPSA y justo después la Junta denunció a cuatro exdirectivos por el supuesto cobro de salarios y retribuciones indebidas mientras ejercían sus funciones. Ellos habían denunciado previamente a la Junta tras ser despedidos en julio.
