El impulso que la jueza Mercedes Alaya ha dado al caso ERE en las últimas dos semanas también ha servido para que el PP-A se rearme. El partido liderado por Juan Ignacio Zoido no ha encontrado durante el primer año de legislatura una herramienta más potente que el caso ERE para ejercer la oposición al Gobierno de Griñán. Esta semana los populares han decidido ir un paso más allá de los autos de Alaya, y han empezado a insinuar acusaciones sobre la supuesta financiación ilegal del PSOE a partir del fraude en los expedientes de regulación de empleo. Griñán, han dicho, es "el cajero de los ERE".

Los socialistas han amagado enseguida con querellarse contra los dirigentes populares por un delito de calumnias y atentado contra el honor. Pero el aviso no ha frenado a Zoido. En una entrevista con Europa Press, hecha pública ayer, el líder popular vaticina que "habrá más socialistas manchados por la corrupción. El caso ERE ha servido para que destacados militantes del PSOE-A, altos cargos de la Junta y sus familiares hayan sido beneficiarios" de un dinero público que no les correspondía.

INTERMEDIARIOS Zoido explica que comparte las insinuaciones del número dos de su partido, José Luis Sanz, que días antes aseguró que algunos de los imputados en el caso ERE recibieron "órdenes" tras visitar "despachos del PSOE-A, del PSOE de Sevilla y de la Diputación hispalense". Esta parte de la instrucción de Alaya se centra en las personas que hicieron de intermediarios entre las ayudas públicas de la Junta --que salían de un fondo de 721 millones de euros-- y las empresas o personas beneficiarias. Se trata de las aseguradoras, consultoras y despachos de abogados que recibieron "sobrecomisiones" millonarias por decidir cómo y a quién llegaban las ayudas, y que al parecer tenían en nómina al principal imputado en el caso, el exdirector de Empleo, Francisco Javier Guerrero.

Zoido ha vuelto a insistir en que Griñán debe comparecer en el Congreso para dar explicaciones, porque "de alguna u otra manera deberían analizarse estos hechos" en la Cámara baja. Su partido, desde Madrid, ya advirtió de que el reglamento del Congreso no permite a Griñán comparecer, a no ser que se cree una comisión ad hoc. El líder andaluz se mostró dispuesto a acudir, siempre que se habilitase una comisión de investigación conjunta para el caso ERE y para el caso Bárcenas.

Sin embargo, Zoido rehúsa cualquier tipo de comparación entre el fraude de los ERE y la investigación judicial en torno al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Esta semana, coincidiendo con los interrogatorios de Alaya, la Fiscalía Anticorrupción en Madrid hizo llegar al juez Pablo Ruz pruebas de la contabilidad del PP gestionada por Bárcenas que tratan de demostrar la supuesta financiación ilegal del partido a través de la trama Gürtel. El fiscal describe la salida de dinero de la supuesta caja B de la red dirigida por Francisco Correa, que posteriormente Bárcenas declaraba en la contabilidad oficial del PP como donaciones ante el Tribunal de Cuentas.

DOS CASOS DISTINTOS Zoido matiza que "el de los ERE es el caso de una trama perfectamente orquestada en la Junta para defraudar cientos de millones y que no es comparable" con el caso Bárcenas. "El caso ERE viene de muy antiguo y todavía se está estudiando. El tema de Bárcenas ha surgido ahora y lo que pido como presidente del PP-A es que se sepa toda la verdad cuanto antes", insistió, para dejar claro que ambos son "totalmente rechazables, pero no comparables uno con el otro". Zoido también se defendió de quienes acusan al PP de utilizar el caso ERE para tapar el caso Bárcenas y, tras negarlo rotundamente, señaló que si la Junta hubiera colaborado desde el principio con la investigación del fraude "ya no habría caso ERE".