El primer día de la operación Heracles, que se saldó con 22 detenidos (siete de ellos en prisión), el exdirector de Empleo y principal imputado en la causa, Francisco Javier Guerrero, declaró ante la jueza Alaya que "sabía que se movía dinero desde la Dirección General de Trabajo, pero que eran unos 54 millones de euros al año de la partida 31L" (la que él mismo llamó fondo de reptiles), y que "esta cantidad era una parte muy pequeña del presupuesto, comparado con la parte destinada a la Dirección General de Formación y Empleo, que era de unos 290 millones". Basándose en esta declaración, el PP pedirá la semana que viene en el Parlamento que se investiguen los fondos de la Junta destinados a cursos de formación para parados, gestionados por los sindicatos. El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, sospecha que si lo que dijo Guerrero es cierto podría haberse movido una cantidad de dinero "espectacular" y mayor que la partida que gestionaba el propio Guerrero desde su departamento.

El PP no podrá impulsar, por ahora, una nueva investigación sobre este caso, porque aún se encuentra bajo secreto de sumario. "Hasta que no se levante el secreto de sumario, no sabremos si este punto se ha investigado o no, pero si cuando se abra, las cantidades no coinciden, tomaremos decisiones", dijo Zoido. El líder popular se atrevió a vaticinar que serán "otros muchos los que todavía tengan que incorporarse a la lista de personas que, habiendo ocupado cargos bajo la presidencia de Chaves y Griñán, pueden tener responsabilidad" en el caso.