Casi 24 horas ininterrumpidas estuvo la jueza Mercedes Alaya interrogando y decidiendo el destino de los ocho detenidos en la Operación Heracles que, tras declarar ante la Guardia Civil, pasaron a disposición judicial (otros 14 fueron puestos en libertad por la propia Benemérita). Todos están vinculados a las aseguradoras Vitalia y Uniter, con las que la Junta contrataba las pólizas de prejubilaciones de los ERE subvencionados, y al entorno del principal conseguidor de éstas, el exsindicalista Juan Lanzas, que según la jueza llegó a embolsarse 13 millones de euros de las sobrecomisiones cobradas por los intermediarios de los ERE mediante un sistema por el que, según la Guardia Civil, se defraudaron al menos 50 millones de fondos públicos. De los ocho detenidos, Alaya ordenó el ingreso en prisión de cuatro: los exdirectivos de Vitalia en Barcelona Eduardo Pascual y María Vaqué, el cuñado de Lanzas Ismael Sierra y el testaferro de aquel Eduardo Leal. Los dos últimos podrán salir si pagan una fianza de 50.000 euros cada uno.
Se suman así al propio Lanzas, al exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y al exdirectivo de Vitalia en Madrid Antonio Albarracín, que no fueron detenidos por la Guardia Civil --sí lo fue la mujer de Albarracín, que quedó libre con cargos tras declarar visiblemente afectada ante la jueza-- sino que ya estaban imputados y fueron citados por Alaya dentro del mismo operativo. Pese a las maratonianas jornadas encadenadas desde el miércoles, Alaya aún no ha acabado. El lunes están citados Carlos Leal, abogado de Estudios Jurídicos Villasís, y José González Mata, administrador único de Uniter (su hijo también compareció ante la jueza tras su detención en la Operación Heracles pero quedó libre).
Los autos de prisión se justifican en los motivos alegados por el fiscal Anticorrupción para pedir esta medida cautelar: el riesgo de fuga, de destrucción o alteración de pruebas y de contacto con otros implicados en la causa. Cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos, asociación ilícita, delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental son los hechos imputados por Alaya a los siete encarcelados.
En cuanto a los directivos de Vitalia, la jueza cree que desde Barcelona debían conocer las actividades de su responsable en Madrid, Antonio Albarracín, que Alaya considera que se enriqueció personalmente con las sobrecomisiones que logró para la empresa por la tramitación de ERE subvencionados (un 15% superiores a la media del mercado) y que captó esas pólizas para Vitalia mediante dádivas y favores a Guerrero y Lanzas entre otros, además de pagar 4,3 millones a UGT y CCOO, no solo en metálico sino incluyendo a personas de su entorno como prejubiladas en empresas en las que nunca trabajaron (como la suegra de Guerrero y el propio Lanzas y su esposa).
Tanto Eduardo Pascual como María Vaqué declararon ante Alaya durante alrededor de dos horas cada uno la larga madrugada del viernes al sábado. Según fuentes del caso, en un momento del interrogatorio, Eduardo Pascual llegó a decir a la jueza que "si usted cree que esto era algo para ganar dinero, dígame dónde lo tengo yo" y que "si quiere saber dónde está el dinero pregúntele a los sindicatos y estos señores de Andalucía". En su declaración, Albarracín dijo que fue María Vaqué quien le indicó que en los ERE subvencionados por la Junta "las comisiones fueran lo más altas posible para que no hubiera luego problemas con los pagos que hubiera que hacer" a los sindicatos --que se llevaban según él un 0,5%-- y a Lanzas --un 5%--. Pascual aludió a Albarracín como un profesional que daba buenos rendimientos a Vitalia pero dijo desconocer las actuaciones que le atribuye Alaya para su enriquecimiento personal y las dádivas y favores que usaba para lograr captar trabajos.
Según los exdirectivos de Vitalia, hasta 1995, el 66% del volumen de negocio de Vitalia venía de Andalucía y el 33% del resto de España pero a partir de ese año, Uniter empezó a quitarles los ERE de grandes empresas.
La defensa de ambos, al igual que la de Albarracín y Guerrero, recurrirán la medida cautelar de prisión ante la Audiencia, una
medida que no ha adoptado la Audiencia Nacional en la causa que Pascual tiene abierta por blanqueo y estafa como propietario de Eurobank y por la que el fiscal le pide ocho años de cárcel.
Las defensas de Vaqué y Pascual, que pasaron a disposición judicial a las tres y las siete de la mañana respectivamente, también estudiaran si "puede haber un exceso en el tiempo de la detención" ya que Alaya les notificó el auto de prisión más de 72 horas después de su arresto. La Fiscalía sostiene que, al ser una detención policial, hay 72 horas para pasar ante el juez y éste tiene otras 72 para decidir pero los letrados consideran que "todo apunta a que es un operativo de la Guardia Civil dirigido por el juzgado", por tanto una detención judicial, y alegan que hay jurisprudencia al respecto que impide en esos casos sumar ambos plazos.
EMPRESAS PANTALLA En el caso del cuñado de Lanzas, que se acogió a su derecho a no declarar, figura como administrador de Maginae Solutions, una de las empresas del entramado de entidades pantalla creado por Lanzas y su entorno que facturaban por servicios de mediación en los ERE que no realizaban y que, según la investigación, llegó a pagar en el 2006 viajes a Shangai y Egipto a Guerrero y su esposa junto con Lanzas y su mujer por valor de 11.000 euros.
Eduardo Leal es considerado por Alaya uno de los testaferros de Lanzas que según la Guardia Civil recibió al menos 1,5 millones de euros como administrador de Atrado Mensajería y Estudios Agenciales y 362.500 euros a través de Distriparck, todas ellas empresas pantalla presuntamente creadas por Lanzas para emitir facturas falsas por informes y servicios de mediación en los ERE que no se realizaron. Eduardo Leal se limitó a ratificarse en lo declarado ante la Guardia Civil tras su detención. Fue su declaración la que llevó al Instituto Armado a rastrear con georradares el pueblo de Lanzas, Albanchez (Jaén) en busca de un zulo en el que pudiera encontrarse dinero en efectivo, tras hallar 82.000 euros en sobres bajo su cama en el registro de una de sus casas.
