La Junta recurrirá ante el Tribunal Constitucional el "ataque" que a su juicio está asestando el Gobierno de Rajoy a las energías renovables, un sector clave en Andalucía que da empleo a casi 45.000 personas. En concreto, el Ejecutivo autonómico llevará al TC tres normas estatales que incluyen cambios fiscales y tarifarios que podrían perjudicar seriamente a la energía limpia de la comunidad, según explicó ayer el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Angel Vázquez. Advirtió de que las decisiones del PP en esta materia dejan en el aire inversiones de 12.000 millones en Andalucía que generarían 38.000 puestos de trabajo.

Se trata del quinto recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta contra leyes del Ejecutivo. Andalucía ya ha recurrido los recortes sanitarios, los de educación, la liberalización de los horarios comerciales y las tasas judiciales. Ahora pone el acento en un sector estratégico, el de las renovables, que ha convertido a Andalucía en líder nacional en producción de energía verde. Hay 1.400 empresas asentadas en la comunidad que, según la Junta, se verán afectadas por la nueva normativa del Ministerio de Industria. Las más perjudicadas serán la energía termosolar (que concentra en la comunidad el 61% de la potencia total de España) y la biomasa. El sector ya se llevó un duro revés en enero del año pasado, cuando el Gobierno central suprimió los incentivos a las nuevas instalaciones de renovables.

Las normas que recurrirá ahora la Junta tienen un contenido muy técnico, pero en definitiva establecen nuevos impuestos y gravan con un tipo único del 7% los ingresos por generación eléctrica, algo que, según denunció ayer Vázquez, podría encarecer la factura del consumidor. Otra de las normas suprime la libertad de elección de las empresas sobre la forma de retribuir la energía generada. El Ejecutivo ha impuesto como única posibilidad la vía de la tarifa regulada, lo que cambia las reglas del juego con las que se había invertido en la comunidad. El recurso que aprobó ayer el Consejo de Gobierno es fruto del diagnóstico del sistema energético andaluz y de las conversaciones con el sector, que ayer aplaudía la decisión de la Junta. Según aseguró el portavoz, el consejero Antonio Avila ha intentado "sin éxito" dialogar con el ministro Soria para limar aspectos de la normativa.