Los partidos andaluces llevan más de un mes de toma de contacto en las negociaciones del Pacto por Andalucía y ayer por fin entraron en el meollo del acuerdo. En la segunda reunión de la mesa política, PSOE, PP, IU y PA se intercambiaron documentos con medidas concretas sobre transparencia y financiación de los partidos. Hubo sintonía y muchas coincidencias, según manifestaron al término del encuentro. Todos se mostraron dispuestos a que se prohíban las donaciones privadas y de empresas que reciben los partidos y a someter la contabilidad de cada formación a la lupa y el control anual de la Cámara de Cuentas.
El tema de las donaciones fue sin duda el más jugoso. Aunque su prohibición depende de la modificación de una ley estatal, el hecho de que todos los partidos andaluces lo secunden, incluido el PP-A, daría más fuerza a la iniciativa. En plena tormenta por el caso Bárcenas, el extesorero del PP que supuestamente pagó durante años a la cúpula popular sobresueldos en B provenientes de suculentas donaciones de constructoras, la izquierda urge un cambio legal para evitar que las empresas inyecten cifras millonarias a los partidos. PSOE, IU y PA reclamaron ayer en la mesa política que se ponga fin a estas prácticas. Coincidieron en que los partidos deben financiarse exclusivamente por las subvenciones públicas que dependen de los resultados electorales y de las cuotas de afiliados y simpatizantes con una antigüedad de al menos dos años. Nada de donaciones privadas ni de empresas.
EL PP, A LA ESPERA El PP andaluz, en el punto de mira por el escándalo de Bárcenas, no presentó ninguna medida sobre financiación de los partidos a la espera de las que lanzara el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate del estado de la nación. Hoy previsiblemente se materialicen las propuestas de resolución en el Congreso. El PP-A, que puso sobre la mesa 56 medidas de transparencia, concretará las de financiación la semana próxima, pero su secretario general, José Luis Sanz, dejó claro que la prohibición de las donaciones no les supondrá "ningún problema". "Todo lo que sea aportar luz y taquígrafo, bienvenido sea", sentenció. El alcalde de Tomares también bendijo la posibilidad de que la Cámara de Cuentas fiscalice la contabilidad anual de los partidos y no solo los gastos electorales, como hasta ahora. "El PP-A no tiene nada que ocultar", aseguró.
El PSOE pretende que la auditoría se haga en el plazo de tres meses desde que acabe el año fiscal y que se cuelgue en la web del partido, además de que cada formación remita a la Cámara de Cuentas el personal que tiene contratado y sus nóminas, para que no se repitan situaciones como la de Bárcenas y Jesús Sepúlveda, que seguían cobrando del PP. PSOE e IU piden que se endurezcan las penas por corrupción y los socialistas impulsarán la creación de una comisión de idoneidad que vigile las incompatibilidades. La elegirá el Parlamento y la formarán expertos independientes, según explicó Mario Jiménez, vicesecretario general del PSOE andaluz. Se ocupará, por ejemplo, de estudiar los créditos bancarios que reciben los partidos.
SECTOR PUBLICO Los partidos también demandaron más transparencia en el sector público. El PSOE aboga por un registro de subvenciones, contratación pública y convenios urbanísticos. El PP reclama que cada año los altos cargos de la Junta y del sector público publiquen en la web del Parlamento su sueldo (también en especie), pluses o dietas. Los populares piden aclarar las relaciones de los familiares de los altos cargos con la Junta o empresas públicas. La gran incógnita es cuándo serán realidad estas medidas, algunas de competencia estatal. Ningún partido quiso ponerles fecha.
De momento, el pacto político no estará antes del 28 de Febrero, Día de Andalucía, como pretendía el presidente andaluz, José Antonio Griñán.
