La semana que viene se reúne en Bruselas el Consejo Europeo --en una de esas jornadas maratonianas de dos días y dos noches-- para cuadrar los presupuestos de la Unión Europea en el periodo 2014-2020. El Consejo es un órgano no legislativo que integran los jefes de Estado de todos los países miembros de la UE, y su cometido es dirigir las prioridades políticas del conjunto de Europa. Andalucía estará muy pendiente de esa reunión porque se juega para los próximos seis años una porción de los fondos de cohesión equivalente al 41,3% de su presupuesto autonómico de este año.
La situación es crítica porque en 2013 Andalucía dejará de ser región de convergencia (su renta por habitante está por encima del 75% de la media de la UE), en parte porque su propio desarrollo económico la ha sacado de la lista de territorios con necesidades prioritarias para la UE. En el 86, se situaba en el 56% de la media, y ahora ronda el 80%. Eso significa que en los presupuestos para el próximo sexenio le corresponderán menos ayudas de las que ha recibido hasta ahora. La Junta estima que Andalucía perderá 4.000 millones de euros, y su obsesión es que el Consejo Europeo acepte que la caída de ayudas sea gradual, que no se produzca de golpe, y que el cálculo de lo que le corresponde a Andalucía ahora que ya no está entre las más necesitadas coincida con las estimaciones que ha hecho el Ejecutivo andaluz.
El consejero de Economía, Antonio Avila, dio ayer por primera vez la cifra que espera obtener: 8.700 millones del fondo europeo de desarrollo regional y del fondo social europeo (sin contar la Política Agraria Común). Con este cálculo, la media de fondos europeos para España sería de 580 euros por habitante, y de 1.086 euros para Andalucía.
El recorte de esos 4.000 millones de fondos europeos afectará principalmente a tres políticas: educación y formación; infraestructuras (los fondos Feder) y capital tecnológico, activos de apoyo a empresas y proyectos I+D+I. La mayor preocupación ahora de la Junta es que en la reunión del próximo 7 y 8 de febrero, el Gobierno de España sepa negociar duro para que las regiones que este año dejan de ser objetivo uno de la UE, "no dejen de recibir las ayudas europeas de golpe, sino que haya una disminución gradual".
La idea es que el Consejo Europeo acepte crear un grupo de regiones de transición, un colchón que amortigüe la abrupta caída de fondos europeos. En España tres comunidades responden a esos criterios: Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha. Los consejeros de Economía de las tres se han citado el lunes en Madrid para firmar una declaración conjunta en la que piden a Rajoy que defienda cuatro objetivos comunes: uno, que se cree el grupo de regiones de transición; dos, que se apruebe una red de seguridad para que aquellas regiones que cambian de categoría (de poco desarrolladas a muy desarrolladas) no pierdan más de la cuenta.
RECORTE EN LAS AYUDAS Los otros dos puntos son más delicados, porque determinan cuánto dinero cabe en esa red. En la última reunión del Consejo, hace tres meses, la Comisión Europea propuso que estas regiones siguieran recibiendo el 66% de las ayudas, es decir, algo menos de dos tercios de lo que han recibido los últimos seis años. El Consejo redujo esta propuesta al 60%. "España debe apoyar la fórmula de la Comisión, que también apoyan el Comité de las Regiones y el Parlamento", dijo ayer Avila.
Además de esa red de seguridad, el Consejo ofreció, en la última reunión, una partida adicional como compensación a países, como España, que a partir de ahora serán contribuyentes netos, es decir, aportarán más de lo que reciben. Ese paquete adicional para España era de 2.800 millones, de los que 1.550 irían destinados a las regiones de convergencia.
