Que el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 ha sido un rotundo fracaso no es ningún secreto. El documento, uno de los instrumentos políticos más importantes del último Gobierno socialista de Manuel Chaves, se diseñó cuando la crisis ya asomaba con unos objetivos "poco realistas". En eso coinciden hoy las tres patas firmantes: empresarios, sindicatos y la Consejería de Fomento y Vivienda, ahora en manos de IU. Precisamente es el departamento de Elena Cortés el más crítico con el desarrollo del plan y con el propio concepto del mismo, y más o menos se alegra de que no se hayan cumplido sus previsiones porque si no, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria hubiera sido aún mayor en Andalucía.

El plan preveía 132.000 VPO de nueva construcción en venta y alquiler, pero solo se han hecho 53.932, es decir, el 40,9%, según datos de la propia consejería a 30 de noviembre del 2012. En general la política pública de vivienda de los últimos cuatro año "no ha servido" para hacer efectivo el derecho ciudadano a la vivienda. Algunos programas de alquiler (ayudas a inquilinos, propietarios y AFA) y otros de rehabilitación han disparado su ejecución (en torno a un 400%), pero tampoco han sido "útiles", según la consejería.

En definitiva, los resultados del plan han sido "desastrosos", sobre todo desde el 2010, y así lo han puesto de manifiesto tanto Fomento como la patronal y los sindicatos (estos últimos son los más condescendientes con el documento) en las reuniones que han mantenido para avanzar sobre el nuevo documento. La consejería ha establecido distintos grupos de trabajo en los que se incluye un abanico social mucho más amplio que el marco de la Concertación, esto es, empresarios y sindicatos. Quiere escuchar al mayor número de colectivos, entre los que se incluyen plataformas de afectados por los desahucios u organizaciones contra la marginación de la pobreza, para hacer el análisis más "certero" posible.

IU quiere tener listo en junio el nuevo documento para que el Gobierno andaluz apruebe su decreto en esa fecha. El principal objetivo de la Junta es hacer efectivo el derecho a la vivienda y atender a los más necesitados. La lucha contra los desahucios, en la que Andalucía es pionera, y la sanción a las casas vacías --la Junta aprobará en breve un decreto-- marcarán la política pública de vivienda bajo el mandato de Elena Cortés. El plan no será una mera prórroga del actual y dependerá de los recursos que vengan del Estado. Centrará sus actuaciones en el alquiler y la rehabilitación, y desterrará la obra nueva. La patronal se opone a este planteamiento. Los empresarios argumentan que la gente sigue demandando pisos, pero la consejería no piensa engordar la cifra de viviendas vacías en la comunidad (más de 700.000). Los promotores rechazan además que la Junta dé carpetazo al actual plan porque sostienen que algunos empresarios tienen aún pendientes operaciones en este marco jurídico.