No se sabe cuánto tiempo transcurrirá hasta que el Tribunal Constitucional dicte sentencia, pero Andalucía se convirtió ayer en la primera comunidad en recurrir las tasas judiciales aprobadas por el Consejo de Ministros y que extienden un canon por acudir a la justicia a un amplio número de casos. El consejero de Justicia, Emilio de Llera, explicó que en caso de que el Constitucional diera la razón a Andalucía el dinero pagado por los ciudadanos se podría recuperar con intereses, independientemente del tiempo transcurrido. "El problema es el ciudadano que se va a quedar sin ir al juzgado por no tener el dinero. Eso es incuantificable", advirtió este fiscal en excedencia y fichado como consejero del ramo en el último Gobierno de Griñán.
En su recurso, la Junta sostiene que esas tasas judiciales "impiden el acceso a la justicia a una franja enorme de ciudadanos", especialmente a las clases medias y trabajadoras, y advierte de que hay un "doble ataque directo" al derecho a la igualdad y al derecho a la tutela judicial efectiva, ambos consagrados en la Constitución. En concreto, el Gobierno andaluz recurre los artículos 1, 2, 3, 4 y 7 de ley aprobada por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón y que ha puesto en pie de guerra al mundo de la judicatura. El Gobierno andaluz considera que las tasas son "desproporcionadas" y con "un efecto disuasorio", imposibles de afrontar para la mayoría de la población.
IMPACTO EN CLASES MEDIAS El consejero de Justicia advirtió de que habrá "clases muy pobres que no pagarán y clases muy altas que no serán disuadidas" y consideró que "las clases medias y trabajadoras son las que se van a ver afectadas por la ley de tasas". El consejero recordó que también pagarán "la pequeña y mediana empresa, que es clave en el tejido empresarial de Andalucía" y los trabajadores que quieran recurrir contra su empresa en caso de despido o impago.
De Llera repasó varios supuestos en los que las tasas, a su juicio, impiden el derecho a acudir a los tribunales. Una tasa por divorcio ordinario costará unos 300 euros y serán especialmente perjudicadas las mujeres víctimas de violencia de género, subrayó. Recurrir una multa de tráfico de 100 euros lleva 200 euros de tasa y reclamar una factura errónea de telefonía de 80 euros también conllevará una tasa de 200 euros. Si un trabajador despedido quiere recurrir, en un ejemplo tipo de empleado con 5 años de antigüedad y salario de 1.200 euros, al que se le deben las tres últimas nominas, deberá abonar entre 200 y 300 euros.
El titular de Justicia recordó que Andalucía interpondrá el primer recurso, aunque ya también lo han anunciado el PSOE, las asociaciones judiciales y los colegios de abogados. Sin embargo, De Llera advirtió que estos demandantes pueden encontrar problemas para acudir al alto tribunal, para lo que están legitimados un grupo de al menos 50 diputados, el Gobierno de una comunidad autónoma o el representante fiscal, pero no por ejemplo los colegios de abogados y procuradores, que han hecho huelga de togas en una movilización sin precedentes contra la ley Gallardón. "El Gobierno andaluz quiere ser la voz de quienes no tendrán tan fácil acudir al Constitucional", aseguró ayer en rueda de prensa el consejero andaluz.
La Junta admitió que desconoce lo que tardará el Constitucional en resolver este recurso, pero De Llera confió en que los magistrados "sean lo suficientemente sensibles con los ciudadanos y espero que le den preferencia".
RECURRIR LOS RECORTES Este es el cuarto recurso de inconstitucionalidad que eleva el Gobierno andaluz contra una norma del Ejecutivo de Mariano Rajoy. La Junta ha recurrido los recortes en sanidad y educación y la libertad de horarios comerciales. A diferencia de los recursos anteriores, Andalucía no alega invasión de competencias pues éste era un punto que no quedaba claro, admitió De Llera. La ley estatal fija que el dinero que se obtenga de las tasas judiciales se destinará al pago de la justicia gratuita. Sin embargo, ésta es una competencia de las comunidades autónomas en los casos en que la justicia está transferida. El Gobierno debe fijar cada año en los presupuestos generales cómo se transfiere este dinero a las comunidades. "A ver si encima se va a quedar el dinero el Estado", subrayó el consejero de Justicia.
El Gobierno autonómico dejó claro que en el caso del recurso a una ley estatal no cabe paralización cautelar de la norma. Habrá que esperar la sentencia. La Junta conoció el pasado lunes que el Constitucional anulaba la ley autonómica aprobada en el 2002 y que daba libertad de colegiación a sus funcionarios públicos. "Nos puede pasar esto", ironizó De Llera, "que nos encontremos con un recurso que es gran reserva del 2002".
