La Consejería de Educación retiene desde hace casi un año en torno a 2,5 millones de euros de las tasas de examen que abonaron los 33.154 aspirantes a una plaza de profesor que iban a concurrir a las oposiciones de Secundaria del año pasado. La oferta de empleo público se convocó, pero no llegó a celebrarse porque el Gobierno central interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional que paralizó el proceso dos meses antes del examen. Desde entonces, visto que el litigio durará al menos un año más en resolverse, miles de opositores han reclamado a la Junta la devolución de las tasas del derecho a examen (77,10 euros por cabeza).

Fuentes de la consejería confirmaron a esta redacción que el reintegro del dinero es "jurídicamente imposible en estos momentos", porque "implicaría que el Gobierno andaluz renuncia expresamente a celebrar las oposiciones de Secundaria y da por perdido el litigio con el Estado". "Si devolvemos las tasas, aunque solo sea a un opositor, el Gobierno central puede alegar ante el Constitucional que esta administración ha renunciado a su objetivo de celebrar las oposiciones en los mismos términos en que las planteamos", explican desde Educación. "Entendemos el perjuicio que esto está causando a muchos aspirantes que, un año después, ya no están interesados en el examen, pero legalmente no tenemos otra salida", advierten.

El Constitucional tiene suspendida cautelarmente las oposiciones. Los aspirantes inscritos desde el año pasado conservan su derecho a examinarse en cuanto éste resuelva. El problema es la incertidumbre que genera la espera. Muchos, como la profesora sin plaza Teresa Carretero, explica que ahora está en paro y que sus circunstancias no son las del año pasado: "Ahora necesito que me devuelvan los 80 euros más que volver a opositar. No quiero esperar al 2014 a ver si me examino", dice. La incertidumbre es mayor porque nadie sabe hacia qué lado inclinarán la balanza los jueces. Si dan la razón al Gobierno, no habrá oposiciones o habrá una oferta mucho más reducida que la que se presentó. En cambio, si la sentencia es favorable a la Junta, Andalucía podría volver a convocar las 2.389 plazas de profesor que ofertó en el 2012, pero tampoco es seguro. La consejera Mar Moreno explicó en una reciente entrevista que la oferta de empleo en Secundaria había quedado herida de muerte para próximos años, después del aumento de la jornada lectiva aprobado por el Gobierno (supuso el cese de 4.500 interinos).

CAMINO DE BACHES En febrero del 2012, los aspirantes a una de las 2.389 plazas de profesor de ESO, Bachillerato y FP empezaron a inscribirse a las oposiciones convocadas para junio. Más de 33.000 personas pagaron los 77,10 euros de las tasas por derecho al examen (69,34 euros para los de FP). Los trámites para inscribirse en el proceso arrancaron sin que el Gobierno central hubiera despejado aún si iba a vetar la convocatoria. El Ejecutivo de Rajoy llevaba sólo dos meses de rodaje, pero ya había dado señales claras de que su política marcaría un proceso de ahorro en el gasto público sin precedentes. Rajoy cambió la ley para cercenar todas las ofertas de empleo en la administración, pero Andalucía se había apresurado a aprobar la convocatoria de oposiciones en diciembre, antes de que entrase en vigor la restricción. De repente, el Gobierno movió ficha: primero el Ministerio de Educación cambió los temarios de las oposiciones, y un mes después, a dos días para que expirara el plazo límite para recurrir, Hacienda las impugnó presentando ante el Constitucional un conflicto positivo de competencias. El Gobierno alegó que la oferta andaluza excedía el límite legal impuesto (la Junta pretendía sustituir casi al 30% de los profesores jubilados, cuando la Ley de Presupuestos sólo permitía el 10%).