El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, está convencido de que el informe de la Cámara de Cuentas sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) es "coincidente" con lo que ha venido diciendo siempre su Gobierno en relación a que había un "marco legal". Griñán aseguró ayer que "eso que se ha llamado fondo de reptiles no existía como tal, sino que había una partida presupuestaria que ha ido incorporando año tras año el presupuesto de la Junta con carácter legal", concluyó.

El informe del órgano que fiscaliza las cuentas públicas dictaminó que hubo "abuso en la discrecionalidad de la Administración para la concesión de las ayudas sociolaborales a parados y empresas en crisis". El texto cuestiona a la Consejería de Empleo por no tutelar ni vigilar el uso que se hizo de los fondos públicos, critica que no hubiera ningún procedimiento reglado para otorgar las ayudas, ni criterios para definir quién es beneficiario y que la Administración no controlase que se diera el uso al dinero para lo que se pensó. Griñán sí reconoció que en el destino último de las ayudas pudo haber "anormalidades", pero no "ilegalidades".

El informe de la Cámara de Cuentas critica que "la Consejería de Empleo no realizó el diseño previo de las ayudas, no establecieron los requisitos para ser beneficiarios, ni los criterios para la aceptación o rechazo de las solicitudes, ni lo plazos de ejecución de las acciones a subvencionar" ni el sistema para justificar que el fin último para el que se habían concedido las ayudas. El sistema de concesión de ayudas que otorgaba Empleo, que también ha motivado un proceso judicial paralelo por el supuesto fraude de las ayudas que salían de la partida presupuestaria 31L (con más de 700 millones de euros), se llevó a cabo "al margen del procedimiento previsto en la legislación vigente para este tipo de ayudas", dice el informe, que cuestiona la "discrecionalidad de la Administración al financiar prejubilaciones con distintos umbrales de edad, coberturas y condiciones".

El PP insistió ayer en que hubo una "mutilación" en el informe de la Cámara de Cuentas sobre los ERE con el objetivo de "exculpar" a Griñán. Los populares sí se congratularon en que el documento "avale la posición del PP" sobre que "durante más de diez años la Junta dio ayudas de más de 1.200 millones sin que el órgano que las concedía tuviera competencias para ello" y lo hiciera "con arbitrariedad, descontrol y falta de conocimiento".

'GUIRIGAY' EN EMPLEO El portavoz de IU en el Parlamento, José Antonio Castro, aseguró que el informe final demuestra que la Consejería de Empleo era un "guirigay" y espera que la comisión ERE depure responsabilidades políticas. Por su parte, el secretario de Política Municipal del PSOE de Andalucía, Francisco Conejo, considera que el informe ha dejado en evidencia al PP, ya que "deja muy claro" que "existía un marco legal en la concesión de las ayudas" y que de los 1.200 millones de euros destinados por el Gobierno andaluz a esta materia "solamente se cuestiona una ínfima parte".