La Cámara de Cuentas registró ayer en el Parlamento el informe definitivo sobre el caso ERE, que confirma que hubo "irregularidades contables y administrativas" en la concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Junta entre los años 2001 y 2010. El órgano que fiscaliza las cuentas públicas concluye que hubo un "abuso del margen de la discrecionalidad administrativa en la concesión, puesto de manifiesto en la concentración de las ayudas en determinadas zonas geográficas (el 60% recayeron en la Sierra Norte de Sevilla), en grupos de empresas y en concesiones realizadas sin acreditar el fin o interés público perseguido".

El documento se emite casi dos años después de que un juzgado sevillano abriera la investigación de un presunto fraude con estas ayudas públicas que excede los 700 millones de euros. El informe carga contra el Gobierno andaluz, singularmente contra la Consejería de Empleo, por no haber vigilado ni tutelado el uso del dinero público en forma de subvenciones durante una década. "Con carácter general, hasta el 2010 se han otorgado (ayudas millonarias) prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto. Ni se ha exigido por parte de la Administración, ni ha quedado acreditado por el beneficiario el cumplimiento de las finalidades para las que fueron concedidas ni la correcta aplicación de los fondos". Los importes de los pagos de estas ayudas se hicieron con cargo cargo a la partida presupuestaria 31L, que durante el periodo fiscalizado ascendió a 721.7 millones de euros. Aunque al final, el informe concluye que "el coste estimado de dicho programa (en esos diez años) ascendió a 1.217 millones de euros".

El informe, de 182 páginas, también fue remitido ayer a la comisión parlamentaria que investiga el supuesto fraude de los ERE, que deberá aprobar su dictamen definitivo el 22 de noviembre, y luego aprobado en sesión plenaria el 28 y 29.

En las conclusiones se observa que "aun admitiendo el carácter excepcional de las ayudas sociolaborales (...), su permanencia en el tiempo y reiteración en su concesión, hubieran justificado su tramitación a través de un procedimiento de carácter reglado". "Empleo no realizó el diseño previo de las ayudas, no establecieron los requisitos para ser beneficiarios, ni los criterios para la aceptación o rechazo de las solicitudes, ni lo plazos de ejecución de las acciones a subvencionar".