El Gobierno andaluz abandonó ayer el duelo por la muerte, el jueves, del hombre de 54 años que se ahorcó en su casa de Granada horas antes de ser desahuciado. El presidente Griñán y la mayoría de sus consejeros se lanzaron en tromba contra el Gobierno central, que es quien ostenta las competencias legales para "frenar la tragedia de los desahucios". Quizá el mensaje más directo fue el del titular de Turismo, Rafael Rodríguez (IU), que exigió al Gobierno un cambio "urgente" de la ley hipotecaria para que esta situación "absolutamente dramática" no se vuelva a repetir.

José Miguel D., un hombre que regentaba una papelería en el barrio granadino de La Chana, se ahorcó el jueves en su vivienda al no poder hacer frente a sus obligaciones hipotecarias. La policía acudió a su casa una hora después con una orden de desahucio. Dos semanas antes, un guardia de seguridad que llevaba siete meses sin cobrar la nómina también se quitó la vida en Sevilla.

La Junta se ha marcado como objetivo amortiguar las consecuencias dramáticas de la crisis en familias que no pueden pagar su hipoteca, pero sus competencias legales están muy limitadas. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, expresó ayer su "consternación" por el suceso de Granada, que sacó a la calle a protestar a cientos de vecinos. Santamaría no descarta ahora "dar una nueva vuelta de tuerca" tanto al decreto ley como al Código de Buenas Prácticas que buscan paliar el problema de los desahucios. Pero la Junta quiere que vaya más allá y apruebe la dación en pago. Andalucía no tiene competencias legales para obligar a los bancos a aceptar la propiedad de un inquilino como pago único de una deuda que no puede asumir. Cuando una entidad bancaria se queda con la vivienda de una persona con dificultades económicas, además legalmente puede seguir reclamándole la deuda contraída por la hipoteca y los intereses.

ALQUILER SOCIAL La Consejería de Fomento está mediando con 19 entidades bancarias para evitar consecuencias tan dramáticas como la de José Miguel. Por un lado, la consejera Elena Cortés ha pedido a los bancos que antes que ejecutar un desahucio cedan los pisos a los inquilinos por un alquiler social con cuotas mensuales bajas. Por otro lado, también les ha amenazado por carta con sancionar a los que no devuelvan a los registros municipales de demandantes las viviendas protegidas de las que hayan obtenido la titularidad tras un embargo. Todas estas medidas, incluidas las ocho oficinas que se han abierto en las provincias para asesorar a los afectados de desahucios, no hacen sino rozar la superficie.

El presidente Griñán también defendió que la dación en pago "está saldando una deuda (del inquilino en apuros) a menos que queramos engordar los balances de los bancos". Griñán se declaró partidario de conceder "mayor discrecionalidad" a los jueces para que puedan valorar "circunstancias personales o familiares" en la ejecución de desahucios. El Consejo General del Poder Judicial, en un reciente informe, critica duramente el sistema de desahucios. La vocal del Consejo, Margarita Robles, afirmó ayer que "los poderes públicos no pueden quedarse indiferentes" ante los desahucios en las familias.