Soy inocente de lo que se me acusa, estoy muy tranquila y no he robado nada al Ayuntamiento de Marbella, eso está muy claro". Con estas palabras, la tonadillera Isabel Pantoja se defendió ayer del delito de blanqueo de capitales del que está acusada en una pieza separada del caso Malaya y por el cual ha comenzado a ser juzgada en la Audiencia de Málaga. La defensa de la cantante aseguró que se han producido vulneraciones de derechos fundamentales porque comenzó "sin absolutamente nada, ni indicios ni siquiera una mera sospecha" sobre la conducta de Isabel. Refirió el trato "degradante" padecido y alegó "nulidad radical" de actuaciones, poniendo de manifiesto el "principio inquisitivo general" con el que se inició el caso respecto a su defendida.
La Sección Segunda de la Audiencia celebró ayer la primera sesión del juicio contra Pantoja, el que fuera alcalde de Marbella y expareja de Isabel, Julián Muñoz, la exmujer de éste, Maite Zaldívar, y otras siete personas, cuyos letrados presentaron las cuestiones previas que la Fiscalía Anticorrupción y el Ayuntamiento marbellí --acusación particular-- contestarán hoy viernes. Todas las defensas pidieron que el juicio no se celebre hasta que no haya sentencia en el caso Malaya. En la sala de vistas, los tres han estado sentados en la misma fila, pero no juntos, sino separados por procesados. El exregidor no ha parado de mirar una tableta, mientras que Pantoja permaneció con el rostro serio toda la sesión.
En las cuestiones previas, el abogado José Angel Galán subrayó que "la investigación que se ha realizado sobre Pantoja excede claramente de un ámbito proporcional en la búsqueda de la noticia criminis y supone una intromisión ilegítima e intolerable en el ámbito personal, familiar, laboral y patrimonial investigado". Resaltó que se han ido "sobrepasando ampliamente los derechos normales que permiten una investigación criminal".
Recordó al tribunal que en las primeras resoluciones de la causa no se hace referencia a su patrocinada, a pesar de lo cual se realizaron actuaciones de investigación bancaria no solo sobre ella, sino también sobre su hijo, Francisco Rivera, el entorno familiar y laboral y las sociedades. Añadió que hubo un secreto de sumario "absolutamente innecesario", otro aspecto para considerar que se trata de "una causa general inquisitoria", dijo.
También alegó la vulneración de derechos fundamentales en cuanto a la detención de su defendida, basándose en un informe policial solo con extractos bancarios de las cuentas y presentado el mismo día del arresto, lo que consideró "increíble", concluyendo que "estaba acordada de antes". Además, relató el estado "absolutamente lamentable" en que llegó al juzgado.
La defensa centró la nulidad en dos informes policiales que constan en la causa sobre el patrimonio de la cantante que, además, pidió que sean excluidos, que sirven de sustento de la acusación y cuyo contenido consideró "grosero" e "incierto", tras rectificar la palabra "falso" una vez que el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero --que acompañó en la sesión a la fiscal María del Mar López-Herrero--, expresó su protesta por estas alusiones.
CIFRA BLANQUEADA El letrado señaló que la cifra presuntamente blanqueada que manejan las acusaciones, recogidas en los informes policiales, es de 1,1 millones, mientras que en una pericial hecha a instancia de la defensa con los mismos documentos "solo saca 794.000 euros". También consideró "lamentable" que en uno de esos documentos se diga que cuando comienza la relación con Julián Muñoz, la cantante tenía un patrimonio negativo de 49.000 euros".
Esta causa es una pieza que fue separada en su momento del caso Malaya, contra la presunta trama de corrupción en Marbella, pero que se investigó y se va a enjuiciar de forma independiente. No obstante, la defensa del exalcalde Julián Muñoz ha pedido la suspensión del juicio hasta que haya sentencia firme del caso Malaya. Las demás defensas, también la de la cantante, se han adherido a esta cuestión.
