La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, defendió ayer la constitucionalidad de los decretos de medidas de ajuste aprobados por el Ejecutivo de Rajoy en materia sanitaria y educativa, al entender que el objetivo que persiguen es "garantizar la sostenibilidad" de los dos servicios. Criticó que ante ellos la Junta, que ha anunciado la interposición de sendos recursos de inconstitucionalidad contra ambas medidas, "haya cogido la bandera de la confrontación" en vez de "plantear alternativas de ahorro".
En una rueda de prensa celebrada en Sevilla, Crespo justificó el real decreto ley 16/2012 de Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud del Gobierno en el "agujero de 16.000 millones de euros", que, según indicó, se encontró el Ejecutivo de Rajoy a su llegada a la Moncloa como deuda de la sanidad española. En su opinión, esa realidad obliga a adoptar medidas de ajuste como las aprobadas para que "la sanidad siga siendo pública, universal y gratuita", y que "conllevarán un ahorro de 2.200 millones de euros".
Al hilo de ello, la delegada se refirió a la situación del Sistema Andaluz de Salud (SAS), que calificó de "muy difícil", afirmación que justificó señalando que la Junta adeudaba "2.600 millones a los proveedores sanitarios". Por ello, pidió al Gobierno andaluz que, en vez de oponerse en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a ese conjunto de medidas, sea "responsable" y "se comprometa a garantizar la sostenibilidad del SAS y a solucionar su situación".
Enumeró algunos de los "problemas" que, a su juicio, evidencian la "difícil" situación que atraviesa la sanidad andaluza, y que se traducen en "cierres de camas en hospitales durante el verano" o en "faltas de fármacos de primera necesidad, personal o material en algunos centros sanitarios" como, según explicó, se ha denunciado en la provincia de Sevilla.
