El portavoz del grupo parlamentario popular, Carlos Rojas, ha advertido este martes de que PSOE-A e IULV-CA quieren imponer "el derecho de veto" en la comisión de investigación creada en el Parlamento en relación al caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), en relación a las peticiones de documentación y comparecientes, así como también en lo que se refiere a la duración de los trabajos.
En rueda de prensa, celebrada al término de la reunión de la comisión de investigación por el caso de los ERE, Rojas ha considerado "absolutamente impresentable e inaceptable" que PSOE-A e IULV-CA quieran que este órgano concluya sus trabajos el 30 de septiembre, "cuando no debería de haber plazos si se quiere conocer la verdad".
Según ha apuntado, ambas formaciones ya tenían alcanzado "un acuerdo" sobre la comisión de investigación que hoy se puesto en evidencia y que supone "un flaco favor a la verdad". Rojas ha asegurado que PSOE-A e IULV-CA ponen "vetos y obstáculos" al desarrollo de la comisión de investigación.
El dirigente 'popular', que ha insistido en que las dos fuerzas políticas que componen el Gobierno andaluz pretenden que la comisión de investigación sea "un mero trámite", ha dicho que no va a haber tiempo para analizar "los miles y miles de folios" que pueden llegar en relación a la información que se solicite.
PSOE E IU "QUIEREN QUE EL PITIDO FINAL SUENE CUANTO ANTES"
Tras asegurar que PSOE-A e IULV-CA están anteponiendo sus "intereses partidistas" al conocimiento de la verdad "sobre un fraude de 1.000 millones", Rojas ha asegurado que ambas formaciones conciben la comisión de investigación como un trámite "para cubrir el expediente". "Quieren que el pitido final suene cuanto antes", ha añadido.
En esta línea, ha reiterado la petición sobre que las comparecencias no deberían iniciarse hasta que se conozca el informe que la Cámara de Cuentas está elaborando en estos momentos sobre el caso de los ERE, por considerarlo "sustancial" para el desarrollo de la misma. Asimismo, ha considerado que no se pueden admitir "presiones políticas" a la Cámara de Cuentas en relación a dicho informe.
