La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha elevado a la jueza Alaya un nuevo informe en el que considera "más que cuestionable la vinculación legal" del exconsejero de Empleo Antonio Fernández con la empresa en cuyo expediente de regulación de empleo fue incluido. Los investigadores señalan que Fernández, en prisión por orden de la jueza, intentó "diluir su responsabilidad" en este ERE promovido por González Byass. Los investigadores profundizan en el expediente promovido en el 2008 por la bodeguera, una compañía para la que Antonio Fernández trabajó entre 1971 y 1981, pues en este último año Fernández solicitó una excedencia voluntaria prorrogada en 1982 y convertida en 1983 en forzosa por cuatro años de duración a cuenta de su situación como concejal del Ayuntamiento de Jerez. Dado que Fernández fue incluido en el citado ERE con un cálculo de 40.249,53 euros anuales correspondiente a su "calendario de pagos asignado", los investigadores creen "más que cuestionable la vinculación legal de Fernández con González Byass a fecha de la solicitud y concesión del ERE", promovido en el 2008. Y es que en 1987, "una vez cumplido el plazo de la excedencia forzosa por cuatro años, Fernández no avisó ni solicitó prórroga de ningún tipo a la bodeguera, perdiendo de este modo el derecho al beneficio de reincorporación automática".

La jueza ha decretado el embargo de ocho cuentas bancarias de Juan Francisco Trujillo, exchófer de Guerrero, al no hacer efectivo la fianza de responsabilidad civil por 2,3 millones.