Las áreas de función pública de los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, Safja y Ustea han rechazado el plan de ajuste aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, que "perjudica a los empleados públicos y a todos los ciudadanos por la merma de la calidad de los servicios". Ante ello han anunciado, cada uno por su lado, la realización de nuevas movilizaciones, aunque no habrá una total unidad de acción de todas las centrales.

En una nota, CSIF calificó de "día negro y de luto" para los empleados públicos y para la comunidad el "decretazo" impuesto para aprobar el plan de ajuste "sin consensuarlo con los sindicatos presentes en la Mesa General de la Función Pública". El presidente de CSIF, José Luis Heredia, criticó "el preocupante cinismo con el que actúa ahora la Junta al decir públicamente que no comparte el plan de ajuste que ella misma ha planteado, redactado, aprobado e impuesto".

POSTURA DE UGT En UGT-A "rechazan completamente" dicho plan y, aunque destaca el "esfuerzo" por parte de la Junta, considera que éste "ha sido totalmente insuficiente". "No nos parece que siga recayendo el mayor esfuerzo sobre el conjunto de los empleados públicos y los servicios públicos", aseveraron fuentes de UGT, quienes advierten de que ello puede derivar en una pérdida de empleo público. Asegura que "habrá despidos" y un detrimento de los servicios.

CCOO también expresó su "contundente rechazo" al decreto ley de recortes porque "incide negativamente en la calidad de los servicios públicos y en las condiciones laborales de los empleados de la Junta". El sindicato indicó que trabajará para mejorarlo en el trámite parlamentario y, para ello, se reunirá con los tres grupos parlamentarios, toda vez que "no se da todo por perdido y se intentará cambiar el documento".

ADMINISTRACION PARALELA Por su parte, el secretario general de Safja, Carlos Sánchez, reconoció que tras la aprobación del plan de ajuste, siento "mucha indignación y asco", toda vez que 270.000 trabajadores, entre funcionarios, estatutarios de sanidad y laborales verán recortados sus salarios para pagar una administración paralela de miles de enchufados que son adeptos y adictos al partido, esto es muy injusto y va a revertir sobre la sociedad andaluza, pues la calidad de la prestación de los servicios va a disminuir". Sánchez recordó que "miles de opositores a un empleo público pierden la esperanza de conseguir un empleo de calidad y deberán guardar los libros; y todo ello para mantener y pagar a una casta de privilegiados. Es injusto".

Por su parte, Ustea denunció el perjuicio que causan los recortes a todos los empleados públicos, aunque considera que las medidas más lesivas "se ensañan con el personal temporal, tanto laborales como interinos, recortando el salario entre el 10% y 15%, que además es mucho más, con el importe de los complementos adicionales de las pagas extraordinarias, medida impropia de un Gobierno que se define como "progresista".