El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el decreto-ley que recoge su plan de ajuste económico-financiero para el periodo 2012-2014, que entrará en vigor "de forma inmediata" y se aplicará en las próximas nóminas que se abonen en julio, según avanzó la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo.

Al término de la reunión del Consejo de Gobierno, Martínez Aguayo puso el acento en que este plan de ajuste, que la Junta quiere que se tramite en el Parlamento como proyecto de ley, opta por "repartir trabajo y reducir salarios con criterios de progresividad" con el objetivo de "mantener el máximo empleo sin privatizar servicios públicos".

Según la titular de Hacienda, la Junta "acata por responsabilidad" las exigencias del Ejecutivo central aunque mantiene un "profundo desacuerdo" con los criterios relativos a la fijación del objetivo de déficit, si bien ha querido dejar claro que la Junta va a realizar un "importante esfuerzo" para cumplir los criterios de estabilidad fijados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para el conjunto de las comunidades. De los 2.700 millones de euros de recorte al presupuesto, 750 saldrán de recortes salariales a los funcionarios.

DIALOGO CON SINDICATOS Martínez Aguayo dejó claro que la Junta ha buscado el máximo consenso con los representantes de los trabajadores, algo que no ha sido posible obtener para la aplicación de las medidas. Insistió en que las medidas que el Gobierno central ha "impuesto" en relación con la ampliación de la jornada laboral de los empleados públicos hubiera supuesto el despido de 24.000 trabajadores a jornada completa.

Sin embargo, en Andalucía el ajuste se va a llevar a cabo, según recalcó, manteniendo el máximo empleo público y sin cerrar servicios ni privatizar. Preguntada sobre si los consejeros de IU en el Gobierno han expresado alguna discrepancia con este plan de ajuste, manifestó que Andalucía cuenta con un Ejecutivo unido, donde desde el minuto uno se han tomado decisiones de manera dialogada.

En relación con el plan inicialmente diseñado, la norma introduce novedades en el ámbito del personal, con el compromiso de mantener el empleo y la garantía de que ningún empleado público percibirá una retribución inferior a los 1.000 euros por jornada completa.

Asimismo, se reconoce expresamente que las medidas en materia de personal tienen carácter excepcional y temporal, esto es, estarán vigentes únicamente durante los ejercicios 2012 y 2013, siempre que los ingresos de la comunidad recobren vías de normalidad. Respecto a las retribuciones, se fija en un 7,5%, en lugar del 5% inicialmente previsto, la reducción de los sueldos de los altos cargos de la Junta (presidente, consejeros y asimilados). También se modifica la reducción de jornada y bajada proporcional de retribuciones del personal temporal al servicio del sector público andaluz, que será del 10% frente al 15% anunciado anteriormente.

Para el personal funcionario de carrera e interino y el personal eventual se reducen hasta el 1% los complementos específicos de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre. La cantidad que se abone por este concepto se descontará, prorrateándose, del complemento específico de las retribuciones mensuales. De igual modo disminuyen en un 10% las percepciones vinculadas a las retribuciones de carácter variable (productividad, incentivos al rendimiento y objetivos).

El personal docente de la enseñanza pública no universitaria y del SAS también verá reducidas sus retribuciones en una cuantía equivalente a la suma de estas pagas adicionales. En el ámbito de la educación, este conjunto de medidas también será de aplicación al profesorado de los centros docentes privados sostenidos con fondos públicos.

Respecto a las entidades instrumentales y los consorcios, se establece una reducción del 5% de la masa salarial. Se suspenden las jubilaciones anticipadas, las ofertas públicas de empleo y la concesión de subvenciones a los sindicatos.