La juez de Sevilla que investiga las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía ha decretado el embargo de ocho cuentas bancarias de Juan Francisco Trujillo, exchófer del director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, tras no hacer efectivo el pago de la fianza de responsabilidad civil de 2,3 millones que le fue impuesta en su día, todo ello al tiempo que ha decidido abrir una pieza separada en torno a sus empresas.
Hay que recordar que Juan Francisco Trujillo, imputado en esta causa por 22 delitos, permanece interno en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) desde el pasado día 21 de marzo, aunque recientemente la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla estimó el recurso interpuesto por su abogado, Antonio Aguilar, y decretó su puesta en libertad bajo fianza de 150.000 euros, fianza que por el momento no ha sido abonada.
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, a fin de cubrir las futuras responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse procedentes, impuso al exchófer de Francisco Javier Guerrero una fianza civil de 2,3 millones de euros y le concedió un plazo de diez días para que designara bienes de su propiedad en que trabar a embargo, plazo que ha finalizado "sin presentar bien alguno y sin consignar ninguna cantidad" en la cuenta del Juzgado, según el decreto de embargo consultado por Europa Press.
Así, y con fecha 8 de junio, la juez Mercedes Alaya ha decretado el embargo de ocho cuentas bancarias de Juan Francisco Trujillo y ha expedido un mandamiento al Registro de la Propiedad de Índice, de Madrid, "a fin de que informe a este Juzgado de los bienes inmuebles que figuren como propiedad" del imputado", mientras que también ha solicitado a las entidades bancarias donde el exchófer tiene las cuentas "la certificación del saldo existente en ellas a los dos meses anteriores a la recepción del oficio".
"NUEVA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN"
Por otro lado, en un auto notificado este miércoles a las partes y al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción "habida cuenta de la nueva línea de investigación derivada" de la propia declaración de Trujillo y acuerda abrir una pieza separada "relativa a todas las sociedades" vinculadas al exchófer de Guerrero.
Por este motivo, requiere a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "que ya está practicando actuaciones en este sentido", para que "realice diligencias complementarias a fin de averiguar otras ayudas obtenidas por sociedades participadas" por el encausado, "así como reclamar hojas registrales de sociedades participadas por éste".
En este sentido, requerie a la Agencia Tributaria un informe "sobre la realidad o no de los servicios facturados por las sociedades del inculpado, así como el cobro de dichas facturas en el periodo 2003-2011" y un informe acerca "de cada una de las operaciones de compra y venta de inmuebles y fincas efectuadas por el inculpado y su esposa".
OPERACIONES DE VENTA
"Los extremos sobre los que se requiere informe deben de comprender los beneficios obtenidos y razonabilidad de los mismos en su caso, fuentes de financiación de la compra y posible destino de los fondos obtenidos con las ventas", añade la juez, quien también pide a Cajasol y La Caixa "que informen sobre operaciones concedidas" a Trujillo, a su esposa "o a cualquiera de las sociedades objeto de investigación participadas o administradas por éstos".
La magistrada llega a pedir a Cajasol "que aporte justificación documental e informe sobre las tarjetas de crédito expedidas a favor de Trujillo o de las sociedades participadas y/o administradas por él", como son Iniciativa Turística Sierra Morena S.L. y Lógica Estratégica Empresarial, así como "extracto y detalle de los cargos efectuados desde 2003".
En este mismo auto, de 26 páginas, la instructora del caso atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción y comunica "su condición de responsables civiles subsidiarios" a nueve entidades o empresas, sobre las que "se podrán interesar medidas cautelares". Así, cita a CCOO, Surcolor y Surcolor Óptica, Garrigues, Aglomerados Morell, Estudios Jurídicos Villasís, Uniter, Vitalia Vida, Asociación 3 de Julio --formada por extrabajadores de Acyco-- y Río Grande, "respecto de la cual debe exigírsele fianza por importe de 1,9 millones en caso de que la misma no haya sido satisfecha" por su dueña, Carmen García.
Asimismo, cita a las partes el próximo día 30 de julio, a partir de las 11,00 horas, para que soliciten las medidas cautelares que consideren oportunas respecto al exfutbolista del Osasuna y del Atlético de Madrid José Antonio Gómez Romón, imputado por haber percibido una póliza de 491.424,43 euros.
