vicepresidente primero del Parlamento, Ignacio García, ha sido elegido como presidente de la comisión de investigación sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), que ha celebrado su sesión constitutiva en la Cámara autonómica.
La designación de García como presidente de la comisión de investigación ha contado este miércoles con los votos a favor de PSOE-A e IULV-CA (socios en la Junta), mientras que el PP-A propuso como presidenta a Teresa Ruiz Sillero, según ha informado a los periodistas el presidente del Parlamento, Manuel Gracia, al término de la sesión constitutiva.
La propuesta de Ignacio García como presidente ha contado con los seis votos de PSOE-A e IULV-CA, mientras que los tres representantes del PP-A en la comisión han votado la propuesta de Teresa Ruiz Sillero.
Los miembros del PP-A en la comisión de investigación son su portavoz parlamentario, Carlos Rojas, Rafael Carmona y Teresa Ruiz Sillero, mientras que de suplente ha planteado el nombre de Rafael Salas; los del PSOE-A son Antonia Moro, Enrique Benítez y Jesús María Ruiz (José Muñoz como suplente), y los de IULV-CA son su portavoz, José Antonio Castro; Ignacio García, que ejercerá como presidente, y a Alba Doblas (Marina Segura como suplente).
La Mesa de la comisión la conformará únicamente el presidente de la misma y un letrado de la Cámara. Las sesiones de la comisión de investigación, como las comparecencias, serán a puerta abierta.
Los grupos aprobaron la pasada semana por unanimidad una resolución de la Presidencia del Parlamento sobre la organización y funcionamiento sobre las comisiones de investigación, en la que se recoge que los requerimientos para comparecer se realizarán mediante citación de la Presidencia de la Cámara y con "apercibimiento de que si no comparece incurrirá en el delito de desobediencia previsto 502.1 del Código Penal".
Asimismo, se señala que el requerido podrá comparecer acompañado por la persona que designe para asistirle que no tendrá derecho de voz en la comparecencia. Antes de que declare en la comisión, el presidente advertirá al compareciente de lo establecido en el artículo 502.3 del Código Penal para el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio, podría incurrir en delito penal.
El requerido, según la resolución de la Cámara, tendrá derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse responsable de ilícito penal o administrativo, al secreto profesional y a la cláusula de conciencia en los términos previstos en la legislación vigente.
Si durante la celebración de la comparecencia, el compareciente entendiese que se está vulnerando cualquiera de sus derechos constitucional, podrá solicitar la intervención de la Mesa de la comisión para su garantía, con expresa indicación del derecho que considera vulnerado y de la causa de la presunta vulneración, resolviendo la Mesa al respecto.
De las incomparecencias o presuntos falsos testimonios que pudieran ponerse de manifiesto en el dictamen de la comisión de investigación, la Mesa del Parlamento, a través de su presidente, dará traslado al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda.
