La interventora general de la Junta de Andalucía, Rocío Marcos, ha cesado en el cargo por motivos "personales", según explicó ayer el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Angel Vázquez. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Hacienda y Administración Pública, nombró a Adolfo José García Fernández como su sucesor. Marcos accedió al cargo en abril del 2010. El portavoz negó que exista vinculación alguna entre la marcha de la interventora y la investigación del caso de los Expedientes de Regulación de Empleo ilegales financiados con fondos de la Junta. "Quiere orientar su vida personal y profesional", dijo, y añadió que su salida se produce "muy a pesar" de que desempeñaba su tarea con "especial satisfacción" por parte de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.

Pese al intento de desligar el cese de Marcos del caso de los ERE, lo cierto es que la jueza que investiga el escándalo, Mercedes Alaya, ha puesto el foco en la Intervención General de la Junta, encargada de fiscalizar las ayudas al empleo que están bajo sospecha.