El plan de ajustes se va a tramitar en el Parlamento como proyecto de ley. Izquierda Unida presentará un puñado de enmiendas al texto, pero antes iniciará una ronda de contactos con sindicatos y con las organizaciones sociales que colaboraron en su programa electoral. Entre esas enmiendas, destaca que entre el 20% y el 25% de la plantilla de empleados públicos, que cobra mil euros o menos, quede exenta de la reducción salarial del 5% que sufrirán los funcionarios y el personal laboral.

Izquierda Unida cree que, manteniendo la cifra de 777 millones de recorte en las plantillas, se puede tocar más a quien más tiene (miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos, personal de confianza...). En este sentido se expresó ayer el coordinador regional, Diego Valderas, quien explicó que en el plan de ajuste se debe dar un "mayor margen de ejemplaridad" para los altos cargos de la Junta de Andalucía cuyo "sacrificio debe estar por encima de cualquier funcionario o empleado público". "En ningún caso", insistió Valderas, "se debe tocar a los mileuristas de la administración".

El portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, aplaudió ayer la suspensión del plan de recortes y adelantó que, tras negociar con los sindicatos, "solo es posible un decreto sustancialmente distinto al que tenemos sobre la mesa". Castro ya ha advertido que hay margen en otras partidas "superfluas" y de "gastos innecesarios" antes que tocar los salarios. El portavoz de IU hizo un llamamiento a la Junta para que se paralicen los "pluses de productividad" que cobran ciertos altos cargos del Gobierno, y que en algunos casos llegan a 3.435 euros por cuatro meses. Estos pluses en los salarios se han aprobado, mientras a 100.000 sanitarios se les privaba de sus primas en la nómina, pese a ser sustancialmente inferiores.