El conflicto del Gobierno andaluz con los sindicatos de la Función Pública a cuenta del plan de recortes se encamina hacia el mismo fin que el de la crisis que ocasionó la reforma de la administración: protestas en la calle, huelga, boicot a los miembros de la Junta y, finalmente, recursos judiciales contra el decreto ley. "No descartamos la vía jurídica si el decreto ley recoge medidas discriminatorias en función de la relación contractual que cada empleado mantenga con la Junta, sea funcionario, interino o eventual", advirtió ayer CCOO antes de abandonar la mesa sectorial.
Este panorama es el que se vislumbró en la reunión de ayer entre la Consejería de Hacienda y los sindicatos con representación en la Función Pública: CSIF, UGT y CCOO. Con un agravante más: esta vez todos los sindicatos parecen estar compitiendo por ver quién expresa con más contundencia su rechazo a la Junta y al recorte de 777 millones en las nóminas de los empleados públicos. CCOO quería saber cuál es el impacto real de las medidas de ahorro del Gobierno central en el plan de reequilibrio andaluz, para así poder ofrecer alternativas al ahorro propuesto por la Junta.
Hacienda no ofreció esos datos, y el portavoz de CCOO, José Blanco, abandonó la reunión "ante el estupor de UGT", reconocen desde esta organización. Ambos sindicatos habían acordado el día antes un calendario paralelo de movilizaciones, aunque al final UGT se ha descolgado en solitario con una huelga en todos los sectores de la administración para finales de junio. Este paro será sometido a referéndum. UGT y CSIF ven "lejana" la posibilidad de acercamiento con la Junta.
