El Parlamento andaluz ha reclamado este jueves al Ejecutivo andaluz, con los votos de PSOE-A e IULV-CA (socios en la Junta), mientras que el PP-A lo ha rechazado, que inste al Gobierno central a proponer al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) una distribución del objetivo de déficit del conjunto de las comunidades para los próximos tres años en función de la población de cada una de ellas y de su nivel de endeudamiento y no del PIB, y a que reclame --lo que contó con la abstención del grupo popular-- el cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía, consignando la inversión en función del peso poblacional de Andalucía en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.
La Cámara andaluza ha celebrado un debate general sobre la incidencia de los primeros PGE elaborados por el Gobierno de Mariano Rajoy en Andalucía, en el que los grupos han planteado un total de 90 propuestas de resolución (32 PP, 31 de IULV-CA y 27 del PSOE). Han sido aprobadas 26 propuestas del PSOE-A, 30 de Izquierda Unida y cuatro del PP-A.
El Pleno del Parlamento ha condenado la actuación del ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y de su secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, por haber "minado la credibilidad de la economía andaluza sembrando dudas constantes sobre la fiabilidad" de las cuentas y dificultando con ello el acceso de la comunidad a financiación, según una propuesta planteada por IULV-CA, que fue apoyada por PSOE-A y rechazada por PP-A.
La propuesta del PSOE-A pidiendo que se valorara el "esfuerzo" realizado por Andalucía para alcanzar el equilibrio presupuestario fue rechazada al contar con la abstención de IULV-CA y el voto en contra del PP-A. Entre las propuestas del grupo socialista aprobadas se encuentra que la Junta inste al Gobierno central a defender antes las instituciones de la Unión Europea un "calendario más flexible" de cumplimiento de las obligaciones de reducción del déficit, que evite los efectos negativos que la contracción del sector público está ocasionando sobre la economía y el empleo.
A petición del PSOE-A, la Cámara andaluza también ha aprobado instar a la Junta a que reclame al Gobierno central que cree un gravamen permanente sobre la riqueza que permita suavizar el ajuste del gasto público y a que reconsidere la reducción de las transferencias finalistas previstas en el Proyecto de Ley de los PGE, que afectan "decisivamente" a algunos programas de gasto en Andalucía por un importe estimado de 619 millones.
Asimismo, el Parlamento ha instado a la Junta a que fije todos los niveles retributivos por debajo del máximo establecido en el correspondiente al presidente de la Junta y a que mantenga la equidad como principio rector en la distribución de los ajustes necesarios para alcanzar los objetivos de consolidación fiscal, con "particular preocupación" por sus efectos sobre las personas con menor nivel de renta.
PSOE-A RECHAZA UNA PROPUESTA DE IULV-CA
IULV-CA planteó, lo que fue rechazado por el PSOE-A y PP-A, que el Parlamento demandara a la Junta instar al Gobierno a que se recorte sobre lo previsto en los PGE un 15 por ciento el gasto de la Casa Real y se suprima la subvención a la Iglesia Católica, el gasto de la cuota participativa de España en la OTAN, el de la participación del ejército español en la guerra de Afganistán y el de los Centros de Internamiento de Extranjeros.
Entre las propuestas aprobadas a IU se encuentran que se incrementen las partidas referidas a políticas de infraestructuras, especialmente las ferroviarias, y las destinadas al desarrollo de la Ley de Dependencia. La Cámara ha mostrado además su rechazo a la eliminación de la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares, al recorte de las políticas activas de empleo y a la "reducción drástica" de las inversiones del Estado en las provincias andaluzas.
El Pleno también aprobó una propuesta del PSOE-A de rechazo a la gestión realizada por el Gobierno central ante la nacionalización del banco financiero de ahorro BFA, matriz de Bankia, y en la que se instaba al Ejecutivo español a que garantice los depósitos de todos los ahorradores de la entidad nacionalizada, mejorando la salud del sector financiero, sin invertir dinero público a fondo perdido.
En cuanto a las tres propuestas de resolución del PP-A aprobadas por unanimidad, se refieren al apoyo de la Cámara a la creación del fondo de pago a proveedores; a la necesidad del compromiso del Gobierno central con las corporaciones locales, y al apoyo a la inclusión en los PGE de una disposición que permite a entidades locales fraccionar en 120 mensualidades el importe pendiente de reintegrar a Hacienda de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado de los años 2008 y 2009. En virtud de otra propuesta del PP-A, el Parlamento ha valorado positivamente --con la abstención de IULV-CA y el rechazo del PSOE-A-- que en los PGE de 2012 se detalle a nivel de provincia la inversión del Estado.
Entre las propuestas del PP-A que no salieron adelante, se encontraban el rechazo del Parlamento al incumplimiento de los objetivos de déficit público para el pasado año 2011 por parte del anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, lo que ocasionó un "grave perjuicio" para Andalucía en términos de crecimiento económico y de creación de empleo.
El grupo popular planteó además que la Cámara expresara su parecer favorable a que Andalucía sea en los PGE de 2012 "la máxima receptora de inversión en términos absolutos" y exigiera la necesidad de que las inversiones sean ejecutadas, "a diferencia del incumplimiento sistemático de los establecido en la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía, acumulándose un importante déficit de ejecución".
