"Estamos atravesando el momento más difícil y complejo de una crisis que dura ya demasiado tiempo". Así comenzó ayer el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, su comparecencia en el palacio de San Telmo una semana después de que su Gobierno aprobara un recorte histórico que afecta a 3.500 millones de euros de un Presupuesto de 32.020 millones. Griñán no tenía nada nuevo que contar pero salió a la palestra después de que siete días atrás fuera su consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, la que sudara detallando un recortazo que mete la mano en las nóminas de los trabajadores públicos, paraliza la inversión y sube impuestos a las rentas desde 60.000 euros. Al presidente andaluz le llovieron críticas porque no dio la cara. Griñán respondió con una entrevista en Canal Sur y ayer tomó la palabra. Su mensaje fue muy político. Andalucía va a cumplir con los ajustes, garantizó, pero ni le gustan ni los comparte y los considera "injustos". Buscará apoyos en otras comunidades para cambiar las reglas.

GUERRA AL DEFICIT El presidente andaluz, un referente en el actual PSOE, confirmó que está dispuesto a abrir una cruzada contra el déficit público. Será complicado, teniendo en cuenta que salvo Asturias (socialista), Cataluña o Canarias, el resto de autonomías son del PP. Abrirá una guerra al déficit desde todos los frentes. Griñán considera que solo con austeridad no sanará la economía. "Con una política de déficit público no salimos de ésta", dijo. Entiende que el reparto que hace el Estado del déficit es injusto, arrogándose el esfuerzo más pequeño. Y Andalucía es una de las más perjudicadas cuando el Gobierno reparte la carga del déficit entre las comunidades. El líder andaluz exige que el déficit se reparta no en función del PIB sino de la población y que se agilice la carga para las regiones menos endeudadas. Esta propuesta, dijo, beneficia a todas las regiones excepto a Madrid y Cataluña.

Griñán avanzó que, pensando en el 2013, Andalucía abrirá vías jurídicas y políticas. No despejó si acudirá al Tribunal Constitucional, aunque dio por hecho que litigarán donde haga falta, por la vía contenciosa-administrativa o ante el Alto Tribunal.

El dirigente socialista insistió en que ha encargado a su vicepresidente Diego Valderas que dialogue con las fuerzas políticas del Parlamento andaluz. Es un eufemismo: el Gobierno de PSOE e IU buscará el acuerdo --casi imposible-- con el Partido Popular, solo en la oposición. Griñán no aclaró si llamará a una reunión a Javier Arenas aunque no paró de pedir consenso y un gran pacto de Estado contra la crisis. En Andalucía se dialogará sobre el reparto del déficit entre el Estado y las comunidades; la distribución de este mismo déficit entre las autonomías y la "solidaridad". Que, a juicio de Griñán, debería reflejarse en una subida del Fondo de Compensación Interterritorial --el mecanismo de distribución de riqueza entre las regiones-- y en el cumplimiento de la cláusula del Estatuto andaluz que exige inversiones en función de la población. El Estado adeuda 1.504 millones a Andalucía.

TRATO DESIGUAL El presidente compareció entre montañas de cifras para demostrar que "resulta alarmante" analizar el "desigual" trato a las distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, el déficit de Andalucía representa el 14% del total de las comunidades, pero deberá recortar una cantidad que se aproxima al 21% del total. Se está permitiendo mayor endeudamiento a las autonomías más endeudadas, lamentó. Si Andalucía, dijo Griñán, tuviera que contener su déficit atendiendo a su población y no a su participación en el PIB, no tendría que recortar 620,5 millones de euros. Es decir, dijo, no tendría que recortar las nóminas de los trabajadores públicos. Los funcionarios están en pie de guerra y el diálogo con los sindicatos acaba de comenzar. La indignación es clamorosa. Medidas impuestas desde Madrid, como la ampliación a 37,5 horas de la jornada de los funcionarios y la subida de horas lectivas para los profesores, dejan 23.805 empleos en la cuerda floja. La Junta tratará de amortiguar esos despidos. Ha propuesto que todos los interinos se rebajen sueldo y horario un 15%. En educación no se aplicará. En septiembre 4.827 docentes se quedan sin contrato.